4/12/2021

Política

Macri de imputado a procesado, una vez más

Darío Balvidares, desde las páginas de Tramas, realiza la crónica del procesamiento dictado a Mauricio Macri por las escuchas ilegales a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Autor de la nota: Dario Balvidares

Dario Balvidares

Publicado el 4 de Diciembre de 2021


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El miércoles 1° de diciembre se conoció el fallo del juez Martín Bava en el que Mauricio Macri pasó de ser imputado a procesado por el espionaje ilegal a los familiares de los 44 submarinistas fallecidos en el ARA San Juan.

En un fallo contundente, Martín Bava incluye la potencia de las pruebas sobre el espionaje ilegal en el sentido que considera al expresidente como “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”, por lo que le estableció un embargo de 100 millones de pesos y la prohibición de salir del país, pero no le dictó la prisión preventiva.

Para el juez, desde diciembre de 2017 y hasta fines de 2018 “Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de las tareas de inteligencia expresamente prohibidas. Dichas tareas han consistido en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos. Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputó haber posibilitado numerosas de ellas encaminadas a obtener datos personales e información de personas familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque El Repunte y del buque Rigel”, de acuerdo con el fallo del juez de Dolores al que tramas tuvo acceso.

En la línea argumental del juez Bava, incluye otras dos denuncias de familiares de esas embarcaciones, El Repunte y Rigel, porque se trató de la misma metodología ilegal de espiar a los familiares de ambas tripulaciones.

Cabe recordar que en el hundimiento del pesquero El Repunte ocurrió en  junio de 2017, el mismo año que el ARA San Juan, en el que de los 12 tripulantes sólo sobrevivieron 2. Los familiares denuncian haber sido espiados por tratar de que cambie la realidad del Puerto y las condiciones en las que se trabaja en los buques pesqueros.

El caso del buque Rigel es similar y ocurrió un año después, también en junio pero de 2018, en esa tragedia sólo fue encontrado el cuerpo del capitán, pero los otros 8 tripulantes nunca fueron encontrados.

Las dos causas de los pesqueros hundidos,  que no avanzan como debieran, recayeron en el Juzgado Federal de Rawson a cargo de Gustavo LLeral, no es coincidencia que sea el mismo juez que decidió “cerrar” la causa de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Todo sucedía durante el gobierno del ahora procesado Mauricio Macri, por eso el fallo del juez Bava refiere estas otras dos causas de los pesqueros en las que se utilizó, según las denuncias de los familiares, la misma metodología de espionaje sobre su intimidad.

“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, aclara en el fallo el juez Bava.

Fallo en el que queda consignado  el acto de destrucción del material acumulado en el espionaje realizado a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y que obraban en la Delegación Mar del Plata de la AFI; afirma el juez que: “…la ilegalidad de los documentos producidos por la Delegación de Mar del Plata fue de tal magnitud que llevó al jefe de la Delegación,  (Nicolás) Iuspa Benítez, a destruir toda la documentación que allí obraba desde el mes de diciembre del año 2015”.

La constancia del acta de destrucción tiene fecha 30 de enero de 2020: “Debe entenderse que Iuspa Benítez no hizo esto motu propio. Es difícil pensar que el imputado haya deseado realizar ese accionar con claras consecuencias administrativas y penales en soledad y sin una razón que lo justifique. Más aún, si se considera el contexto en el que se produjo esa destrucción, toda vez que ha quedado harto demostrado el espionaje ilegal que se dio de manera sistemática en las distintas Delegaciones de la Provincia de Buenos Aires, durante los años 2016/2017 y que, a la luz de los hechos que se ventilan en la presente causa, continuaron durante el año 2018”, amplía el magistrado en el escrito de 171 páginas.

Más aún, el informe de la Comisión Bicameral sentenció: “el funcionamiento del modelo de la gestión Arribas-Majdalani, se basó en las vulneraciones a la Doctrina de Inteligencia. Los lineamientos desviados impuestos por la jefatura de estado, instaban a cometer tareas reñidas con las leyes argentinas y con la Doctrina nacional. El alcance del plan de inteligencia ilegal fue indiscriminado, incluyendo entre sus objetivos tanto a actores de la vida argentina, a opositores políticos e incluso a integrantes de la coalición gobernante. Este último supuesto indica hasta qué punto la AFI se convirtió en un instrumento de contrainteligencia privativo del entonces jefe de Estado”.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los titulares de la AFI durante el gobierno del procesado Mauricio Macri, ya habían sido procesados por el juez Martín Bava, luego de haberles tomado declaración.

En los considerandos de la resolución, el juez afirma que: “Es clara la afectación a los derechos de privacidad e intimidad de las víctimas en esta causa. El derecho a la privacidad es absoluto y no puede ser cercenado por ninguna intervención estatal, salvo que se encuentre en riesgo el propio individuo o terceras personas, algo que como vimos, de ninguna manera ocurrió en los legítimos reclamos llevados a cabo por los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, así como los familiares de los tripulantes de los buques “Rigel” y “El Repunte”.

Lo que hace de la “conducta” de la Agencia Federal de Inteligencia una constante que se transforma en sistematicidad planificada, durante el gobierno del procesado Mauricio Macri.

Por lo tanto el juez Bava resuelve: “I. DICTAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Mauricio Macri, de demás datos personales obrantes en el encabezado de la presente, por encontrarlos prima facie penalmente responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor…”

La conexión de hechos como los que se refieren respecto de lo ocurrido con los familiares de las víctimas de los dos buques pesqueros, sumado a la poco eficaz actuación del juez Gustavo Lleral en esas causas más las que todavía están en curso y que completan el paradigma de lo ocurrido con el ARA San Juan, serán determinantes en el futuro próximo de esta causa compleja.

Porque no todo se reduce al delito de espionaje ilegal, la primera causa es la que se refiere al hundimiento y desaparición del submarino; cuáles fueron los motivos, qué averías de tanta gravedad produjeron el siniestro y cuáles eran las condiciones técnicas en las que se encontraba el submarino.

La primera causa es la que efectúa la Armada Argentina cuando denuncia el 17 de noviembre de 2017 ante el juzgado federal de Caleta Olivia,  provincia de Santa Cruz, la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes luego de haber perdido el contacto con la nave.  Cabe destacar que la jueza federal Marta Yánez a cargo de la causa, “intentó dos veces, en febrero y marzo de 2020, dar por terminada la investigación a nivel procesal, por entender que no queda más por hacer. Quería cerrarla y elevarla a juicio, así como está, a lo que nos opusimos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (su instancia superior) estableció el 19 de noviembre pasado que la investigación debe continuar, ordenó a la jueza que realice las pericias que exigimos y que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur”, refiere Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata y víctima del naufragio, en diálogo con la agencia ANCCON.

De manera paralela se abre una tercera causa por encubrimiento para que se investigue  al ex presidente, Mauricio Macri, al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y  al exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, justamente los tres que se negaba a investigar la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

El encubrimiento reside en que se falseó la  fecha en que se detectaron los restos del submarino. Causa que reside en el Juzgado Federal 12 a cargo del juez  Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan, al mismo tiempo que el fiscal Federico Delgado y la jueza María Eugenia Capuchetti investigan la causa  de posibles negociados vinculados al intento de contratación  de la empresa Igeotest Geosciences SL, especialista en prospecciones del lecho marino y plataformas de hidrocarburos, tal como habíamos adelantado en revista tramas.

La complejidad de la causa amerita una profunda investigación de todos los involucrados, pero también de los que en lugar de avanzar con su tarea, la retrasan o la pretenden clausurar, sean jueces, juezas o fiscales.

Las 44 muertes del ARA San Juan como las muertes y desapariciones de los tripulantes de los buques pesqueros El Repunte y Rigel, no pueden quedar en el olvido bajo el paraguas de la impunidad. No puede haber indulgencia con quien ejerciendo la primera magistratura utiliza al Estado y sus dispositivos en su cuenta personal política y a su antojo.

El juez Martín Bava, habló con su fallo, sus argumentaciones, las declaraciones de imputados, testigos y procesados. Las pruebas del espionaje son contundentes, sólo hay que recorrer las 171 páginas del escrito, ver las relaciones con las causas conexas para estar de acuerdo que aquí no hubo malos entendidos, ni este fallo responde a ninguna persecución política, por el contrario,  hubo delito de persecución y grave, cometido contra los familiares de las víctimas, comparable a los procedimientos de la dictadura cívico-eclesiástica-militar.

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