Miles de personas se manifestaron en alrededor de 300 ciudades de Brasil y otros 17 países, para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro. Partidos de izquierda, centrales sindicales, integrantes de minorías como la comunidad de la diversidad sexual, y ciudadanos sin afiliación reclamaron al Congreso procesar el centenar de pedidos de juicio político contra el mandatario de ultraderecha, cuyo trámite se mantiene congelado por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.

Las masivas movilizaciones dejaron en claro que el pulso en las calles lo va ganando el antibolsonarismo, tras las manifestaciones que convocó el presidente el 7 de setiembre pasado. A ello se debe agregar datos políticos, como el respaldo de agrupaciones conservadoras que habían guardado distancia de las concentraciones realizadas desde fines de mayo por el campo democrático-popular, bajo la consigna aglutinadora de Fora Bolsonaro.

Bolsonaro conmemoró sus primeros mil días ocupando el sillón presidencial brasileño. De hoy en adelante le quedan unos 475 más, pero, ¿logrará Brasil sobrevivir? Contraviniendo la legislación electoral, intensifica su campaña anticipada para los comicios presidenciales de octubre del año próximo.

Las perspectivas, en todo caso, son las peores: su gobierno es rechazado por 53 por ciento de la población, 15 millones de personas cayeron en situación de extrema pobreza, 14 millones y medio de brasileños están desempleados, 19 millones padecen hambre, unos 34 millones a duras penas logran tener algún trabajo precario.

El sector industrial se contrajo de manera alarmante. Las exportaciones brasileñas se reducen, y en el campo, el llamado agronegocio, crea pocos puestos de trabajo si se compara con los que generaban la industria y los servicios.

En tres años de bolsonarismo, el país más poblado, más industrializado y el que cuenta con la mayor economía de América Latina, pasó a ser considerado una amenaza global por su papel en el surgimiento de nuevas cepas y la propagación del coronavirus, así como por la criminal determinación de su presidente para acabar con la selva amazónica, pulmón verde y mayor reserva de biodiversidad del mundo.

Se vive un desastre, especialmente el económico, que no se detiene. Y Bolsonaro y los militares que lo sostienen siguen adelante con su plan voraz. Y la ultraderecha, la derecha y los militares buscan las alternativas posibles para evitar otro gobierno de Lula y del Partido de los Trabajadores.

Luego de las manifestaciones bolsonaristas del pasado 7 de septiembre, fecha nacional, donde se pedía el cierre del Supremo Tribunal Federal y del Congreso, el presidente ahora se muestra más calmado. Ya no ataca a las instituciones, amenazando una ruptura, pero continúa sin pausa esparciendo absurdos sobre la pandemia, dirigidos al bloque de sus seguidores más radicales, calculados en alrededor de 11 por ciento de la población.

Los brasileños volvieron a las calles para expresar su exasperación con la frivolidad, el autoritarismo y la corrupción rampante que caracterizan al bolsonarismo y su gobierno apalancado por los militares.

Mientras el general Santos Cruz (destituido exministro de la Secretaría) anunció su candidatura en las elecciones de 2022 con el objetivo de “no dejar que el presidente arrastre a las Fuerzas Armadas a ser una herramienta de uso político personal”. Al igual que otros militares, como el vicepresidente Francisco Mourao, parece molesto por la implicación de las Fuerzas Armadas en la política, pero es un fenómeno en el que él mismo y sus “correligionarios” del partido de los generales jugaron un papel decisivo.

Bolsonaro fue el vehículo; el dispositivo electoral capaz de dar cuerpo y materialidad al proyecto de poder militar, acariciado durante mucho tiempo por los restos de la dictadura militar. Pero los analistas recuerdan que Santos Cruz tuvo un papel protagónico en la campaña bolsonarista, al igual que tantos oficiales en activos y en reserva, no solo con un compromiso frenético en las redes sociales, que propagan el odio contra el PT y las noticias falsas a escala industrial.

La estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas es la de construir su propio presidente, encargado de imponer lo que ellos llaman una ‘nueva democracia’, con un programa político ultraconservador y económico ultraliberal (abdicando del nacionalismo económico), con los elementos de una participación activa de los militares en la vida política y la misión de desarraigar a la ‘izquierda que engaña a la sociedad’ .

Ahora los militares viven una nueva etapa, en la que se consideran tratados como ciudadanos plenos, no de segunda clase, lo que traducido es que más de diez mil efectivos en actividad duermen en puestos clave en el gobierno, cobra salarios dobles , suman comisiones ilícitas hasta en la compra de vacunas y otros negocios oscuros, y ofrecen a sus hijas pensiones vitalicias.

En la arena política, los militares actúan como si estuvieran en un escenario de guerra: se disfrazan, mienten y se camuflan para engañar a los enemigos. Con esta estrategia dualista, producen caos y se posicionan en ambos extremos de este caos creado por ellos mismos. Al mismo tiempo como pirómanos y bomberos; al mismo tiempo como promotores del caos y moderadores del orden, señala el analista Jeferson Miola. El lugar de los militares, hay que repetirlo mil veces, está en el cuartel, a miles de kilómetros de la política, añade.

 

Y, además, corrupción

A este panorama hay que sumar la catarata de denuncias e investigaciones contra Bolsonaro y sus hijos. A Flavio Bolsonaro, que es senador, lo investiga la fiscalía de Río de Janeiro por lavado de dinero, y al menor, Renan, se lo investiga por dudosos negocios privados y posibles contratos ilegales con el gobierno, del que ha obtenido licitaciones.

Los dos hombres más poderosos del mundo económico de Brasil, Paulo Guedes y Roberto Campos Neto, ministro de Economía y presidente del Banco Central respectivamente, fueron inculpados en la investigación sobre paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como Pandora Papers.

Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro, ex funcionario del dictador chileno Augusto Pinochet y muy conectado a la élite financiera local, fue uno de los accionistas –junto a su esposa e hija- y director de Dreadnoughts International Group, compañía incorporada en las Islas Vírgenes Británicas en 2014.

Campos es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa. El objetivo declarado de las compañías es invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, donde el actual presidente del Banco Central fue miembro del consejo ejecutivo.

Guedes fue responsable de enviar al Congreso el proyecto de reforma fiscal que beneficia a quienes tienen dinero en paraísos fiscales. Campos, por su parte, firmó una resolución que exime a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central.

Bolsonaro mismo es investigado por omisiones en informar a la policía acerca de un escandaloso sobreprecio en la compra de la vacuna india Covaxin; mientras a su hijo y senador, Flavio, la fiscalía de Río de Janeiro lo acusa de lavado de dinero, y a su hijo menor, Renan, se lo investiga por dudosos negocios privados y posibles contratos ilegales con el gobierno, del que ha obtenido licitaciones.

Como resultado de estos escándalos, de la suprema irresponsabilidad ante la emergencia sanitaria que suma más de 600 mil muertos por la pandemia y de una crisis económica que no cesa, la popularidad del presidente se desplomó en los últimos meses a 22 por ciento, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.

Pero Bolsonaro sigue adelante con su agenda de remate de bienes públicos: en menos de tres años se han entregado a la iniciativa privada activos por 44 mil 500 millones de dólares. Además de traspasar a accionistas privados la gigante eléctrica Eletrobras, se contempla privatizar Correios, la mayor empresa de logística y postal estatal de América Latina; la petrolera Petrobras e incluso el Banco do Brasil, 70 por ciento del cual es propiedad del Estado.

El saqueo no para en los bienes estatales, sino que se ha despojado a los trabajadores de la posibilidad de acceder a una jubilación digna al calcar el modelo de capitalización individual usado en Chile.

En las marcha del último fin de semana en San Pablo, varios discursos de dirigentes apuntaron a que no se puede esperar a octubre del año que viene para sacar a Bolsonaro del gobierno. El líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, dijo que “el Brasil real es el que está haciendo cola (en carnicerías y frigoríficos) esperando por un hueso. El Brasil real está sufriendo con el genocidio, el desempleo y el hambre”.

Para Boulos, es “evidente” para todos los brasileiros que “no da para esperar” las elecciones presidenciales de 2022 para derrotar Bolsonaro. “Brasil no puede soportar otros quinientos días de Bolsonaro. Diecinueve millones de personas pasan hambre, y llegaremos a seiscientas mil víctimas por la pandemia”, dijo este referente interpretando lo que muchos piensan, y no solo en la izquierda y el progresismo.

Desde la derecha no tan ultra de los militares y Bolsonaro también hay voces que se plantean deslastrarse a tiempo, para evitar algo la vuelta al gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva.

Todas las encuestas indican que Bolsonaro sería derrotado por diez o más puntos por Lula en la primera vuelta de los comicios del año que viene, y en un balotaje la diferencia superaría los veinte puntos. Estos sondeos indican además que Lula le ganaría en un balotaje a cualquiera de los posibles candidatos de la derecha no fascista, entre ellos Joao Doria, el gobernador de San Pablo y aspirante por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y también al exmandatario Fernando Henrique Cardoso.

Y todavía queda un año de Bolsonaro… ¿Será que la derecha en el parlamento y la izquierda en las calles terminarán coincidiendo en sacar a Bolsonaro preventivamente y evitar males mayores? Todas las miradas siguen puestas en Brasil, en un año medido desde este octubre al que viene, que será clave. Pero aún falta mucho y nadie puede afirmar que Bolsonaro terminará su mandato o si los brasileños aguantarán hasta octubre del año próximo.

 

 

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Juraima Almeida es Investigadora brasileña