9/10/2021
Internacionales
Mil días, mil desilusiones y un solo grito: Fora Bolsonaro
Miles de personas se manifestaron en alrededor de 300 ciudades de Brasil y otros 17 países, para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.

Juraima Almeida
Publicado el 9 de Octubre de 2021

Miles de personas se manifestaron en alrededor de 300
ciudades de Brasil y otros 17 países, para pedir la destitución del presidente
Jair Bolsonaro. Partidos de izquierda, centrales sindicales, integrantes de
minorías como la comunidad de la diversidad sexual, y ciudadanos sin afiliación
reclamaron al Congreso procesar el centenar de pedidos de juicio político
contra el mandatario de ultraderecha, cuyo trámite se mantiene congelado por el
presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
Las masivas movilizaciones dejaron en claro que el pulso en
las calles lo va ganando el antibolsonarismo, tras las manifestaciones que
convocó el presidente el 7 de setiembre pasado. A ello se debe agregar datos
políticos, como el respaldo de agrupaciones conservadoras que habían
guardado distancia de las concentraciones realizadas desde fines de
mayo por el campo democrático-popular, bajo la consigna aglutinadora de Fora
Bolsonaro.
Bolsonaro conmemoró sus primeros mil días ocupando el sillón
presidencial brasileño. De hoy en adelante le quedan unos 475 más, pero,
¿logrará Brasil sobrevivir? Contraviniendo la legislación electoral,
intensifica su campaña anticipada para los comicios presidenciales de octubre
del año próximo.
Las perspectivas, en todo caso, son las peores: su gobierno
es rechazado por 53 por ciento de la población, 15 millones de personas cayeron
en situación de extrema pobreza, 14 millones y medio de brasileños están
desempleados, 19 millones padecen hambre, unos 34 millones a duras penas logran
tener algún trabajo precario.
El sector industrial se contrajo de manera alarmante. Las
exportaciones brasileñas se reducen, y en el campo, el llamado agronegocio,
crea pocos puestos de trabajo si se compara con los que generaban la industria
y los servicios.
En tres años de bolsonarismo, el país más poblado, más
industrializado y el que cuenta con la mayor economía de América Latina, pasó a
ser considerado una amenaza global por su papel en el surgimiento de nuevas
cepas y la propagación del coronavirus, así como por la criminal
determinación de su presidente para acabar con la selva amazónica, pulmón verde
y mayor reserva de biodiversidad del mundo.
Se vive un desastre, especialmente el económico, que no se
detiene. Y Bolsonaro y los militares que lo sostienen siguen adelante con su
plan voraz. Y la ultraderecha, la derecha y los militares buscan las
alternativas posibles para evitar otro gobierno de Lula y del Partido de los
Trabajadores.
Luego de las manifestaciones bolsonaristas del pasado 7 de
septiembre, fecha nacional, donde se pedía el cierre del Supremo Tribunal
Federal y del Congreso, el presidente ahora se muestra más calmado. Ya no ataca
a las instituciones, amenazando una ruptura, pero continúa sin pausa
esparciendo absurdos sobre la pandemia, dirigidos al bloque de sus seguidores
más radicales, calculados en alrededor de 11 por ciento de la población.
Los brasileños volvieron a las calles para expresar su
exasperación con la frivolidad, el autoritarismo y la corrupción rampante que
caracterizan al bolsonarismo y su gobierno apalancado por los militares.
Mientras el general Santos Cruz (destituido exministro de la
Secretaría) anunció su candidatura en las elecciones de 2022 con el objetivo de
“no dejar que el presidente arrastre a las Fuerzas Armadas a ser una
herramienta de uso político personal”. Al igual que otros militares, como el
vicepresidente Francisco Mourao, parece molesto por la implicación de las
Fuerzas Armadas en la política, pero es un fenómeno en el que él mismo y sus
“correligionarios” del partido de los generales jugaron un papel decisivo.
Bolsonaro fue el vehículo; el dispositivo electoral capaz de
dar cuerpo y materialidad al proyecto de poder militar, acariciado durante
mucho tiempo por los restos de la dictadura militar. Pero los analistas
recuerdan que Santos Cruz tuvo un papel protagónico en la campaña bolsonarista,
al igual que tantos oficiales en activos y en reserva, no solo con un
compromiso frenético en las redes sociales, que propagan el odio contra el PT y
las noticias falsas a escala industrial.
La estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas es la de
construir su propio presidente, encargado de imponer lo que ellos llaman una
‘nueva democracia’, con un programa político ultraconservador y económico
ultraliberal (abdicando del nacionalismo económico), con los elementos de una
participación activa de los militares en la vida política y la misión de
desarraigar a la ‘izquierda que engaña a la sociedad’ .
Ahora los militares viven una nueva etapa, en la que se
consideran tratados como ciudadanos plenos, no de segunda clase, lo que
traducido es que más de diez mil efectivos en actividad duermen en puestos
clave en el gobierno, cobra salarios dobles , suman comisiones ilícitas hasta
en la compra de vacunas y otros negocios oscuros, y ofrecen a sus hijas
pensiones vitalicias.
En la arena política, los militares actúan como si
estuvieran en un escenario de guerra: se disfrazan, mienten y se camuflan para
engañar a los enemigos. Con esta estrategia dualista, producen caos y se
posicionan en ambos extremos de este caos creado por ellos mismos. Al mismo
tiempo como pirómanos y bomberos; al mismo tiempo como promotores del caos y
moderadores del orden, señala el analista Jeferson Miola. El lugar de los
militares, hay que repetirlo mil veces, está en el cuartel, a miles de
kilómetros de la política, añade.
Y, además, corrupción
A este panorama hay que sumar la catarata de denuncias e
investigaciones contra Bolsonaro y sus hijos. A Flavio Bolsonaro, que es senador,
lo investiga la fiscalía de Río de Janeiro por lavado de dinero, y al menor,
Renan, se lo investiga por dudosos negocios privados y posibles contratos
ilegales con el gobierno, del que ha obtenido licitaciones.
Los dos hombres más poderosos del mundo económico de Brasil,
Paulo Guedes y Roberto Campos Neto, ministro de Economía y presidente del Banco
Central respectivamente, fueron inculpados en la investigación sobre paraísos
fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), conocida como Pandora Papers.
Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, gurú
económico del presidente Jair Bolsonaro, ex funcionario del dictador chileno
Augusto Pinochet y muy conectado a la élite financiera local, fue uno de los
accionistas –junto a su esposa e hija- y director de Dreadnoughts International
Group, compañía incorporada en las Islas Vírgenes Británicas en 2014.
Campos es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor
Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa.
El objetivo declarado de las compañías es invertir en los activos financieros
del Santander Private Bank, donde el actual presidente del Banco Central fue
miembro del consejo ejecutivo.
Guedes fue responsable de enviar al Congreso el proyecto de
reforma fiscal que beneficia a quienes tienen dinero en paraísos fiscales.
Campos, por su parte, firmó una resolución que exime a las personas que poseen
activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que
presentar cuentas al Banco Central.
Bolsonaro mismo es investigado por omisiones en informar a
la policía acerca de un escandaloso sobreprecio en la compra de la vacuna india
Covaxin; mientras a su hijo y senador, Flavio, la fiscalía de Río de Janeiro lo
acusa de lavado de dinero, y a su hijo menor, Renan, se lo investiga por
dudosos negocios privados y posibles contratos ilegales con el gobierno, del
que ha obtenido licitaciones.
Como resultado de estos escándalos, de la suprema
irresponsabilidad ante la emergencia sanitaria que suma más de 600 mil muertos
por la pandemia y de una crisis económica que no cesa, la popularidad del
presidente se desplomó en los últimos meses a 22 por ciento, su nivel más bajo
desde que llegó al poder en enero de 2019.
Pero Bolsonaro sigue adelante con su agenda de remate de
bienes públicos: en menos de tres años se han entregado a la iniciativa privada
activos por 44 mil 500 millones de dólares. Además de traspasar a accionistas
privados la gigante eléctrica Eletrobras, se contempla privatizar Correios, la
mayor empresa de logística y postal estatal de América Latina; la petrolera Petrobras
e incluso el Banco do Brasil, 70 por ciento del cual es propiedad del Estado.
El saqueo no para en los bienes estatales, sino que se ha
despojado a los trabajadores de la posibilidad de acceder a una jubilación
digna al calcar el modelo de capitalización individual usado en Chile.
En las marcha del último fin de semana en San Pablo, varios
discursos de dirigentes apuntaron a que no se puede esperar a octubre del año
que viene para sacar a Bolsonaro del gobierno. El líder del Movimiento de los
Trabajadores Sin Techo, Guilherme Boulos, dijo que “el Brasil real es el
que está haciendo cola (en carnicerías y frigoríficos) esperando por un hueso.
El Brasil real está sufriendo con el genocidio, el desempleo y el hambre”.
Para Boulos, es “evidente” para todos los brasileiros que
“no da para esperar” las elecciones presidenciales de 2022 para derrotar
Bolsonaro. “Brasil no puede soportar otros quinientos días de Bolsonaro.
Diecinueve millones de personas pasan hambre, y llegaremos a seiscientas mil
víctimas por la pandemia”, dijo este referente interpretando lo que muchos
piensan, y no solo en la izquierda y el progresismo.
Desde la derecha no tan ultra de los militares y Bolsonaro
también hay voces que se plantean deslastrarse a tiempo, para evitar algo la
vuelta al gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva.
Todas las encuestas indican que Bolsonaro sería
derrotado por diez o más puntos por Lula en la primera vuelta de los
comicios del año que viene, y en un balotaje la diferencia superaría los veinte
puntos. Estos sondeos indican además que Lula le ganaría en un balotaje a
cualquiera de los posibles candidatos de la derecha no fascista, entre
ellos Joao Doria, el gobernador de San Pablo y aspirante por el Partido de
la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y también al exmandatario Fernando
Henrique Cardoso.
Y todavía queda un año de Bolsonaro… ¿Será que la derecha en
el parlamento y la izquierda en las calles terminarán coincidiendo en sacar a
Bolsonaro preventivamente y evitar males mayores? Todas las miradas siguen
puestas en Brasil, en un año medido desde este octubre al que viene, que será
clave. Pero aún falta mucho y nadie puede afirmar que Bolsonaro terminará
su mandato o si los brasileños aguantarán hasta octubre del año próximo.
Juraima Almeida es Investigadora brasileña
Otras similares