Un relevamiento de investigadores especializados en propiedad intelectual de distintas instituciones públicas encontró que el 23% de las solicitudes de patentes de proyectos que fueron financiados con fondos públicos tienen titulares extranjeros. En su mayoría son empresas y, en menor medida, organismos de investigación y educación superior de otros países. Esto se opone a la normativa vigente, que establece que la institución empleadora debe ser la titular de las invenciones realizadas en el marco de las actividades laborales. “Es como si en el ámbito de una empresa un trabajador desarrollara una invención y la titularizara otra empresa”, reflexiona el investigador Santiago Liaudat, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y uno de los autores de este trabajo.

En rigor, más de la mitad de las patentes solicitadas no tienen como titulares a los organismos públicos que financiaron la investigación mediante salarios, subsidios, infraestructura y otros aportes, pero los investigadores decidieron mantener el concepto de “apropiación cognitiva” en un sentido estricto para empresas y organismos de investigación y educación superior de otros países. En el caso de las personas físicas y empresas locales se podría analizar en qué medida una apropiación local de estas invenciones de organismos nacionales redundaría en un proceso de desarrollo local, algo que este relevamiento no aborda sino que deja planteado para indagaciones futuras.

“Tenemos estos dos grupos sobre los cuales se puede discutir qué está sucediendo con esa situación. Encontramos uno que no es marginal, sino que es muy significativo, que va en detrimento de las distintas estrategias de desarrollo nacional del conocimiento. Puede haber muchas válidas, pero que esos conocimientos queden en titulares extranjeros, no parece ser conveniente para ninguna de ellas”, dice el investigador Mariano Zukerfeld, coordinador de la Unidad de Activos intangibles y Propiedad Intelectual (UAyPI) de la Agencia I+D+i, y agrega que otra de las tareas que queda pendiente a partir de este relevamiento es analizar en profundidad de qué manera se efectivizan esas apropiaciones cognitivas en el exterior.

Las patentes son títulos de propiedad que, en caso de ser otorgadas, generan exclusividad de uso y comercialización de la invención o desarrollo patentado, por parte de sus titulares. Están reguladas a nivel internacional por la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero son de aplicación nacional, es decir que deben ser aprobadas en cada país, de acuerdo a los criterios locales establecidos en cada uno de ellos.

“Necesitamos pensar una estrategia de desarrollo que nos permita valorizar nuestros conocimientos y poder acceder de la forma más económica posible a conocimientos generados por otros actores. Hay algo de pragmatismo cognitivo que nos parece muy importante como estrategia de desarrollo y que a veces no se nombra o es un tema silenciado, como si fuera tabú, que para nosotros es importante poner sobre la mesa”, destaca Zukerfeld. Según el investigador, esto es relevante en dos sentidos: para evitar la apropiación de conocimiento financiado por el Estado y en busca de oportunidades para que la Argentina utilice conocimientos que están disponibles o en el dominio público, en marcos normativos que les permiten a los actores nacionales utilizarlos.

Patentamiento ajeno

Según el relevamiento, cuando se consideran las oficinas donde se radican las solicitudes de las patentes, mientras que aquellas solicitadas con titularidad de organismos públicos fueron gestionadas mayormente ante la oficina argentina (67%), solo unas pocas solicitudes de titulares extranjeros (9,7%) se registró localmente. Por el contrario, la mayoría de las solicitudes de patentes con titulares extranjeros fueron tramitadas en oficinas de otros países: el 11% en Europa, el 14% en Estados Unidos y el 54% a través del denominado Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), al que Argentina no está suscripto. “Estos datos dan una información muy contundente con respecto a un problema que hasta ahora no había sido evidenciado de esta manera”, destaca Liaudat.

Otro de los datos que se desprenden del estudio es que si bien la apropiación cognitiva está distribuida entre los distintos tipos de tecnologías o desarrollos, esta se destaca en las actividades vinculadas a Ciencias Médicas o Veterinaria, y en Química Orgánica, mientras que se produce en menor medida en Física y Agricultura y Ganadería, adonde se destacan las titularidades de organismos públicos. “Esto coincide con otros trabajos previos, como el que hizo hace unos años Darío Codner, que analiza las citas de papers locales en patentes extranjeros, en un proceso que denomina transferencia tecnológica ciega”, advierte Liaudat.

El especialista también agrega que otro dato relevante que obtuvieron al analizar los datos es que el grupo de inventores que más solicitudes de patentes presenta es, además, el que más publicaciones académicas tiene. “Eso implica que es el sector más productivo del sistema científico y tecnológico, y confirma que no hay una dicotomía entre innovación y publicación, como suele considerarse”, advierte Liaudat.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron la información registrada en distintas bases de datos. Específicamente, partir del entrecruzamiento de la del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), y de la denominada Patentscope, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Así, identificaron 932 solicitudes de patentes en las que figuraban como inventores o solicitantes 784 investigadores responsables de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT-adjudicados o no).

La búsqueda se restringió a los denominados PICT, porque constituyen el instrumento de financiamiento más relevante del MINCYT, para promover la investigación científica nacional, que se entregan mediante convocatorias que todos los años lanza la Agencia I+D+i a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT). Por eso, para este relevamiento, los investigadores solo consideraron a que quienes postularon a estas convocatorias, hayan resultado adjudicados o no (que además, reciben sus sueldos de organismos públicos de ciencia, tecnología e innovación o de universidades argentinas).

“Metodológicamente, no había más que indicios indirectos o anecdóticos de este fenómeno que medimos. No había ninguna evidencia directa, más allá de casos puntuales narrados en forma de vivencias personales”, recuerda Zukerfeld y afirma estos son los primeros resultados obtenidos pero a futuro se puede seguir profundizando.

“Esta investigación nos arroja es evidencia empírica sistémica y es la primera vez que se hace un estudio de esta escala: trabajamos sobre un universo de más de 8000 investigadores responsables de proyectos PICT, es un volumen que no se había trabajado hasta el momento”, agrega el investigador Santiago Liaudat, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que es uno de los autores de este trabajo.

El trabajo completo está en el capítulo 7 del libro “Políticas de promoción del conocimiento y derechos de propiedad intelectual: experiencias, propuestas y debates para la Argentina”, de descarga libre y gratuita, que sirvió de base empírica para la definición de los lineamientos para una política de propiedad intelectual en la Agencia I+D+i, que fueron presentados el mes pasado en el MINCYT. Es parte de un conjunto de investigaciones que sirvieron como evidencia empírica para la definición de los lineamientos de propiedad intelectual que recientemente lanzó la Agencia I+D+i para todos los proyectos que financie. “En el mundo académico, no siempre no siempre tenemos la suerte de que nuestras investigaciones tengan tanto eco y sean apoyadas y retomadas desde la gestión política para que se transformen en políticas públicas”, concluye Zukerfeld.

 

---

Vanina Lombardi es integrante de la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín