El tiempo en el Congreso peruano corre de forma distinta al de la calle. La mayoría de los congresistas decidieron esta semana que las elecciones generales se realicen en abril de 2024, dentro de un año y medio, mientras el país sigue alzado y las protestas se mantienen dos semanas después de la caída de Pedro Castillo, con un saldo de unas tres decenas de muertos por la represión de policías y militares a pobladores desarmados.

La revuelta no se da solo en el interior del país. También en Lima, la capital que maneja el poder político, empresarial y económico del país, los manifestantes exigen el cierre del Congreso y nuevos comicios, pero nada de eso sucederá pronto.

Los congresistas rechazaron un dictamen para celebrarlos en diciembre de 2023, como se había acordado el viernes anterior, y se han puesto de acuerdo en la fecha más lejana, ´para seguir en sus cargos 20 meses más. El desprestigio del Congreso es tan alto que darle vida a este Congreso por año y medio más es un problema. La estrategia parte del supuesto de que definir una fecha ciera para las elecciones antes de Navidad y Año Nuevo, ayudará a la distensión.

 

Otro nuevo gabinete

El nuevo gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte tiene el rostro de la mano dura contra las protestas sociales. El nuevo jefe del gabinete ministerial es el abogado Alberto Otárola, premiado tras su desempeño represivo como ministro de Defensa, desde donde garantizó el respaldo “incondicional” a las Fuerzas Armadas acusadas de disparar contra la población durante las movilizaciones populares exigiendo el adelanto de las elecciones.

Otárola ofreció “una gestión dialogante”, pero su respaldo público a la represión y un discurso de criminalización de las protestas populares juegan en contra de ese llamado al diálogo.

Más allá de Otárola, solo hubo cambios en Interior, Educación y Cultura, estos dos últimos por las renuncias de sus titulares en rechazo a la represión gubernamental. El despacho de Otárola en Defensa, ahora lo ocupa el general retirado Jorge Chávez, quien ya estuvo en ese cargo en los últimos tres meses del gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020).

En Interior salió el general retirado César Cervantes, exjefe de la policía, cuestionado por la represión a las protestas sociales, quien fue reemplazado por otro general en retiro, Víctor Rojas. Y Fue ratificada la canciller Ana Cecilia Gervasi tras anunciar la expulsión del embajador de México, Pablo Monroy, en respuesta al asilo que ese país le dio a la esposa y los dos hijos del detenido expresidente Pedro Castillo.

 

El temor al voto popular

Lo acordado por el Congreso es un plazo extenso en una coyuntura explosiva con demandas populares que han tomado las calles y carreteras en buena parte del país exigiendo que “se vayan todos” cuanto antes. Un acuerdo aupado por los militares, que cogobiernan con el Congreso, que desconoce la indignación ciudadana por el profundo descrédito y alta impopularidad del Congreso y del Ejecutivo.

La fecha de 2023 ya había sido aceptada por el gobierno y los organismos electorales. Pero inexplicablemente la derecha que controla el Congreso, encabezada por el fujimorismo, cambió y decidió aprobar una fecha posterior. La derecha bloqueó la propuesta para que junto a las elecciones adelantadas se realice un referéndum para que la población decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución neoliberal que viene de la dictadura del encarcelado Alberto Fujimori.

Nuevamente esa derecha muestra una postura que revela su temor al voto popular. La Asamblea Constituyente es otra demanda de las movilizaciones populares de estos días.

Distintos sectores señalan la necesidad de reformas antes de las elecciones, la principal de las cuales debe ser abrir la cancha para que ingresen nuevos actores políticos y la población no tenga que elegir entre los mismos partidos y políticos desacreditados. Pero las reformas que más seducen a buena parte de los legisladores son restaurar la reelección para los parlamentarios y volver a la bicameralidad.

La protestas exigiendo el adelanto de elecciones estallaron después de la destitución y apresamiento del expresidente Pedro Castillo luego que fracasara su intento de intervenir el poder judicial y cerrar el Congreso, desde el cual se le quería sacar de la presidencia.

Con Castillo encarcelado con prisión preventiva de 18 meses y procesado por rebelión, su familia ha recibido asilo en México. Además de México, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Colombia también han respaldado a Castillo.

 

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Mariana Alvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana