4/9/2021

Economía

Planes sociales y trabajo: ¿Subsidiar el salario privado es la solución?

Horacio Rovelli se mete en el debate que avecina en el horizonte de la post pandemia. En una Argentina que crece pero que no produce trabajo. En contexto de crecimiento de los planes sociales, el gobierno debate que hacer con los ingresos populares, y predomina la idea de subsidiar el salario privado.

Autor de la nota: Horacio Rovelli

Horacio Rovelli

Publicado el 4 de Septiembre de 2021


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“Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!”. (Génesis 3:19).


Hay una minoría que se gana el pan con el sudor de los demás. Es la dueña del capital financiero que se apropia de la industria y coloca la producción en cualquier lugar del mundo para maximizar sus ganancias. Se desinteresa de la economía real, desnaturaliza el sentido del mandato bíblico y hace que una parte importante de la sociedad carezca de trabajo, trabaje menos horas que las requeridas para vivir dignamente o bien se sobreexplote a cambio de un salario que condena a la pobreza.

En nuestro país, sobre todo tras la última dictadura y con excepción del primer año del gobierno de Alfonsín y los gobiernos kirchneristas, esa minoría empujó a gran parte de la población a extremos inadmisibles de pobreza e indigencia. Se trata de una minoría que genera riqueza priorizando la venta en los mercados externos y, para hacerlo, reduce sus costos en dólares en el mercado local. Un país para pocos en el que no todos tienen derecho a trabajar.

En ese esquema, el salario es un gasto que se debe minimizar, antes que un componente de la demanda interna. Un sinsentido. Un país donde más del 70 por ciento de lo que se produce se destina al mercado interno se vería fortalecido con más empleo y mejores salarios. Sin embargo, el camino elegido es otro: el ajuste externo. Está demostrado. En lo que va de este siglo -desde el 1 de enero 2000 al 31 de julio 2021-, el superávit comercial acumulado fue de 188 mil 968 millones de dólares.

 

El ajuste sinfín

Es claro. Argentina no tiene un problema de restricción externa. El problema es otro: la permanente fuga de capitales y la irracional política de endeudamiento. Son los factores que explican que la deuda externa alcance los 335 mil 120 millones de dólares y que los activos externos de los residentes argentinos ronden los 450 mil millones, una cifra que supera el PIB -unos 343 mil 500 millones, según la última medición-.

¿Por qué se hace el ajuste externo? Para conseguir dólares a como dé lugar y pagar la deuda externa. Para eso se exportaron 37 millones de toneladas de maíz en granos en 2020 y se exportarán unas 40 millones de toneladas este año. Una cordillera de Los Andes en granos. Lo mismo con la soja, el arroz, el trigo y el girasol. También con la carne vacuna: se colocan en el exterior casi 1 millón de toneladas de una producción de 3,3 millones. Lo que queda se divide entre 46 millones de argentinos. Va de suyo que en forma muy desigual. De allí que el consumo haya caído a 50 kilos per cápita, el más bajo del último siglo.

El problema es todavía más grave: el esquema internacionaliza los precios internos y terminamos pagando por un litro de aceite lo mismo que un holandés. Apenas un ejemplo: una botella de 900 centímetros cúbicos de aceite se vende en las góndolas locales a unos 206 pesos. ¿Por qué? Porque su precio en Ámsterdam es de unos 2 dólares. Sin embargo, el salario promedio en Europa es de 4 mil dólares y en nuestro país de 835, según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Unos 84 mil 513 mil pesos mensuales a junio pasado.

De allí la necesidad de aumentar los derechos de exportación -para desacoplar los precios internos de los externos- y de construir una vasta red de contención con planes sociales. El gobierno, sin embargo, optó por suspender la cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que benefició a casi nueve millones de personas.

 

El proyecto oficial

Por lo pronto, la recuperación de este año no compensará el descenso de 2020 y la baja tasa de actividad seguirá provocando que muchas personas no salgan a buscar trabajo porque saben que no lo conseguirán. El gobierno lo previó en 2020 y destinó partidas a planes sociales en el Presupuesto 2021 que al 31 de julio pasado ejecutó en su mayor parte, lo que obliga a incrementarlas para al menos dar la misma respuesta hasta el último día hábil de este año.

En busca de un remedio al problema de la desocupación intenta ahora promover el empleo registrado y mantener la protección social compatibilizando los planes asistenciales con el trabajo formal. Hacia allí apunta el recién asumido ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su par de Trabajo, Claudio Morini, con el decreto que le permitiría a los trabajadores rurales temporales conservar los beneficios de los planes sociales y de empleo.

Zavaleta y Moroni proponen continuar con la asistencia social y que los beneficiarios, en la medida de lo posible, se incorporen al trabajo formal. Según la lectura oficial, unos 150 mil jornaleros que se desempeñan de manera temporal en la cosecha prefieren no acceder al trabajo registrado para no perder el beneficio. Su propuesta es que el Estado les siga pagando los 13 mil 600 pesos del plan Potenciar Trabajo y que el empleador pague otro tanto. De esta forma, los trabajadores alcanzarían una remuneración equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En síntesis, el Estado nacional asistiría a las empresas. Les abaratará la mano de obra.

 

Otro camino es posible

¿Cuenta el Estado nacional con los recursos para resolver el problema del trabajo? Sí, los tiene. Un ejemplo. En medio de la pandemia, el gobierno decidió no pagar la mentada cuarta ronda del IFE. Sin embargo, le pagará a los bancos por las Leliq y los pases pasivos más de 1 billón de pesos en intereses de aquí a fin de año. Once veces más que cada cuota del IFE.

Hoy, el Plan Potenciar Trabajo alcanza a 1 millón trabajadores. Si se aumentara el beneficio a 55 mil pesos mensuales -el precio de una Canasta Básica Total-, significaría un costo total 55 mil 260 millones de pesos por mes. Unos 221 mil millones de pesos hasta fin de año. Con esa remuneración y los materiales correspondientes se podrían construir unas 65 mil viviendas en solo cuatro meses.

Lo que el Banco Centra paga por las Leliq y los pases pasivos debería ser usado para financiar un vasto plan de obra pública que genere empleo y reactive la economía. Permitiría apuntalar la construcción de viviendas populares y apoyar los planes de autoconstrucción, que no requieren insumos importados y son un importante multiplicador de la producción. La hoja de ruta debería, además, incluir las necesarias inversiones en infraestructura y la asistencia a todos los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben remuneraciones menores al costo de la Canasta Básica Total.

El país requiere de un Estado presente que asuma los riesgos que el capital financiero no asumirá. La economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga y los pasivos financieros del Banco Central incrementan la deuda de la entidad en forma exponencial. Generar empleo, reactivar el mercado interno y evitar el estallido de esa deuda son objetivos que no se deben postergar.

 

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