1/11/2020

Política

¿Qué onda con el impuesto a la riqueza?

El 5 de abril fue promovido por el Presidente Alberto Fernández. Recién el 28 de agosto ingresó en el parlamento para su debate. El reclamo sobre el sentido de justicia del gravamen por única vez y sobre las fortunas personales trascendió las fronteras de éste país. Sin embargo, mas allá del masivo apoyo social, todavía no es ley.

Publicado el 1 de Noviembre de 2020


Imagen de la nota '¿Qué onda con el impuesto a la riqueza?'

Fueron largos los meses desde aquel 5 de abril en el que el Presidente de la Nación, en una entrevista exclusiva con el periodista Horacio Verbistsky, señaló que le parecía razonable “avanzar en un impuesto a la riqueza”.

Desde ese entonces, la creación de un gravamen por única vez sobre las grandes fortunas personales de este país, se transformó en bandera para el Frente de Todos. Mucho se ha enfatizado sobre el sentido de una medida destinada a alterar la integridad de los bolsillos de la extravagante vida que llevan adelante el puñado de multimillonarios que habitan este suelo, para fortalecer las arcas diezmadas de un Estado Nacional castigado por la evasión fiscal, la fuga de capitales y la especulación financiera.

Es aún más jugoso el debate teórico que la significación económica del gravamen que se pensó hace meses, se demoró hasta el 28 de agosto su presentación y aún no puede obtener sanción legislativa en la Cámara de Diputados.

En una primer etapa, el argumento esgrimido para evitar su abordaje fue “la necesaria renegociación con los acreedores externos”. Se señalaba por aquel segundo trimestre del año que, una vez concluida la ronda de negocios con los depredadores financieros que obtuvieron una sustanciosa reestructuración de la deuda externa contraída por el país para financiar la fuga de capitales, el proyecto que grava la riqueza sería ley.

También se decía que la economía se “tranquilizaría” y las “inversiones externas” fortalecerían la economía nacional. Nada de ello ocurrió, tampoco el impuesto a la riqueza tuvo algo mas que debate en comisión.

Es claro a esta altura de los acontecimientos, que el debate y la sanción del proyecto es prenda de negociación con aquellos que deberán pagarlo, casualmente, las mismas personas que ocupan lugares estratégicos en los grupos económicos que han obtenido fuertes concesiones en medio del tembladeral económico que han provocado con la especulación y la timba financiera con el dólar durante las últimas semanas.

Cada intento del Gobierno Nacional por “tranquilizar” la economía de los que ostentan el poder económico, demora el tratamiento legislativo de un proyecto que, apenas, parece una buena intención en medio de la brutal ofensiva de las grandes empresas contra el desarrollo de la economía nacional.


Los debates urgentes

Desde hace mucho tiempo en este medio se vienen publicando las opiniones de aquellas voces que reclaman un aporte por parte del puñado de empresas y acaudalados empresarios que más tienen.

La crisis en América Latina no tiene precedentes y la única certeza es que la única herramienta para defender el derecho de las mayorías es el Estado.

En el caso de Argentina, en materia de salud pública, fue el Estado el que asumió la inversión y las compras de insumos médicos como así también el montaje de hospitales modulares y la búsqueda de una vacuna. También fue el Estado el que implementó programas de salvataje económico para las empresas, destinando cuantiosas sumas a pagar sueldos, además de transferir recursos hacia los sectores históricamente postergados, para poner un colchón que apenas amortigüe el peso de la caída ante semejante crisis.

En este marco, el caudal de gastos que se vienen realizando necesariamente requiere de un aporte de aquellas personas y empresas que no han dejado de ganar ni un solo peso desde que comenzó la pandemia e inclusive en muchísimos casos, han ganado aún más.

Y esto, es parte de un consenso que las sociedades vienen gestando a lo largo y ancho de todo el continente y que finalmente, tras largos anuncios y ninguna concreción, en Argentina se presenta en forma de proyecto de ley para que sea debatido en el Congreso de la Nación.

Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), plantea que además lo interesante del fenómeno es que “no está disociado de lo que piensa la gente” y por ello “tiene mayor fuerza y posibilidades para que sea plenamente implementado”.

En esa misma nota, el economista hace una comparación de las tres últimas encuestas realizada por el centro de estudio en Argentina, Chile y México respecto de la adhesión por parte de la población que tendría una medida como esta.

En Argentina, de manera contundente, se supo que el 76,2% de la población apoyaría, mientras que en Chile el valor sería del 72,8% y México del 67,4%.




Lo que es más, a esta medida también se ha sumado un grupo de 83 millonarios de todo el mundo que mediante una carta, demandaron a los gobiernos el cobro de impuestos para recaudar fondos que permitan afrontar los efectos de la pandemia.

Es hora entonces de que las ventajas fiscales para los más grandes comiencen a frenarse para recuperar al menos, una pequeña porción de recursos y destinarlo a quienes siempre pagan el precio de los platos rotos. 


Las demandas sectoriales

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, que lideran el bancario Sergio Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti, reclamó ayer a los diputados de todos los bloques "el inmediato tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas".

Un documento del espacio gremial cuestionó "las dilaciones" para analizar la iniciativa en el recinto y exigió su tratamiento.

"El texto ya aprobado en las comisiones respectivas requiere la inmediata aprobación en el recinto para su aplicación a partir de las imperiosas necesidades sociales derivadas de la crisis mundial por la pandemia de coronavirus, a las que el Gobierno asiste de forma permanente para su resolución", afirmó.

La CFT abogó por la "urgente aprobación" de la iniciativa y sostuvo que el proyecto "es semejante al impuesto a la riqueza establecido por el General José de San Martín en Cuyo, cuando en 1815 -en vistas de la liberación de Chile y Perú- determinó una contribución extraordinaria a las grandes fortunas".

Los dirigentes gremiales añadieron que "la solidaridad social es uno de los actos que genera medios y valores para afrontar una encrucijada como la que atraviesa ayer el pueblo argentino".

Para la CFT, es preciso otorgar al Gobierno nacional "esa herramienta para alcanzar un objetivo político-social inexcusable", porque siempre "donde hay una necesidad hay un derecho".

El espacio gremial reivindicó "el espíritu de su programa de 27 puntos" de forma oportuna aprobado y, en ese contexto, ratificó que "las urgencias de los más humildes reclaman esa ley como un primer paso hacia una reforma tributaria que garantice una más justa redistribución de la riqueza", concluyó el documento.

El Papa Francisco había señalado hacia principios de año ante líderes financieros y económicos que "el mundo es rico y, sin embargo, los pobres aumentan a nuestro alrededor”, y que "un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben terminar con la pobreza, y generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos y no excluirlos".

La Corriente Federal reivindicó ayer ese mensaje de Francisco y sostuvo que "esa exigencia se expresa en valores compartidos".

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) llamó ayer a los legisladores nacionales a tratar de modo urgente el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la entidad resaltó que este proyecto "de ningún modo afecta a las inversiones ni a los sectores productivos".

Por el contrario, sostuvo, "los $307.000 millones que se espera recaudar por parte personas con fortunas superiores a los 200 millones serán destinados a paliar las graves consecuencias económicas, sociales y productivas que está dejando la pandemia global, que golpea particularmente a los sectores más vulnerables, los trabajadores y las Pymes".

El aporte solidario alcanzaría a un universo potencial de 9.298 contribuyentes que tributan en concepto de Bienes Personales, lo que a su vez significa 0,02% de la población, recordó la entidad.

"Quienes obstaculizan su tratamiento son pequeños grupos ligados con grandes intereses especulativos, fuertemente extranjerizados y concentrados", aseguró Apyme.

Para la entidad, se trata de "los mismos que en medio de la pandemia presionan por una devaluación que multiplicaría sus ingresos una vez más a costa de un mayor empobrecimiento de la población y la paralización del trabajo y la producción nacional".

Este proyecto es coherente con los lineamientos del Presupuesto Nacional recientemente aprobado, que prevé asignar recursos del Estado a prioridades sociales, productivas, de innovación y desarrollo, señalaron.

También consideraron oportuno recordar que "este horizonte es posible tras una ardua renegociación soberana de la deuda pública que alivió al país del pago de intereses durante los próximos cuatro años".

"Esa deuda fue contraída con los bonistas privados durante el anterior periodo de endeudamiento y desindustrialización en provecho de una minoría de empresas concentradas y grupos financieros que no han realizado ni realizan inversiones en nuestro país; esos mismos sectores son los que ayer se oponen al aporte solidario, desconociendo la voluntad mayoritaria que se expresa en el Parlamento", concluyó.

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