20/10/2020

Política

¿Qué va a pasar con las tarifas de los servicios públicos?

Que el impacto en el bolsillo no sea “tan grande” fue la señal que el Secretario de Energía, Darío Martínez brindó en entrevistas recientes. Los reclamos por un modelo energético distintos siguen inalterables en las multisectoriales que rechazaron los tarifazos.

Publicado el 20 de Octubre de 2020


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Las tarifas de los servicios públicos en el país se encuentran congeladas hasta mediados de diciembre. También, los cuadros tarifarios permanecen dolarizados, tal y como se encargó de regular el gobierno de Mauricio Macri, circunstancia que llevó a asegurar los márgenes de rentabilidad del mercado y transformar las tarifas en una pesada carga para el diezmado bolsillo de la gente.

En un contexto de bolsillos flacos, reclamos empresarios y jugosa rentabilidad de las corporaciones que operan el sector, tendrá lugar en los próximos meses el debate sobre el destino de las impagables tarifas de energía que se pagan en el país.

Al respecto, Darío Martínez señaló estar "trabajando en un esquema de mayor eficiencia en cuanto a los subsidios”.

“Tenemos ahora herramientas como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para poder individualizar de manera mucho más eficiente quién lo está pasando mal y no puede pagar la tarifa; eso significará no subsidiar a quien puede pagar una tarifa más cercana al costo”, dijo Martínez en una entrevista concedida a la publicación especializada EconoJournal.

El secretario dijo que “esto ya se intentó antes, por geografía o por región, pero con contradicciones importantes”.

“Para más adelante veremos si estamos mejor, si la actividad económica se recuperó, si hay actividad que permita que el ciudadano pueda una tarifa más cercana al costo, seguramente en un proceso post congelamiento”, sostuvo Martínez.

Por lo pronto, reveló que la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, “está trabajando con una gran base de datos" que puede servir para subsidiar "de manera más eficiente al que lo está pasando mal y detectar al que puede acercarse a pagar el costo de la tarifa”.

Además, Martínez puntualizó que desde el Gobierno están "conversando con todas las distribuidoras eléctricas” y definió que la intención es "que lo que se destine a energía sea siempre, a largo plazo, una misma proporción del salario”.

“El sector privado busca mantener beneficios, pero hay que encontrar el punto más bajo posible para que las empresas inviertan y el impacto de las decisiones no le complique la vida al resto de los argentinos, que no tengan que dejar de consumir otros bienes y servicios para pagar la energía”, concluyó el secretario en la entrevista online que fue transmitida en vivo desde el canal de YouTube de EconoJournal.

 

La postura de las multisectoriales

Por su parte, la Red Nacional de Multisectoriales comienza su comunicado afirmando que la Argentina atraviesa actualmente por "una crisis económica y social sin precedentes" provocada, no sólo por la inesperada aparición del Coronavirus, sino también por las políticas energéticas y tarifarias heredadas de los últimos cuatro años.

"El gobierno de Mauricio Macri fue una pandemia nacional", apuntan desde la Red y describen a dicha administración como la "generadora del endeudamiento más grande de la historia; el empobrecimiento de millones de argentinos; y la destrucción masiva de la industria y el comercio nacional".

El efecto de las políticas aplicadas por Cambiemos en términos energéticos fueron "dramáticas" y formaron parte de "una gran estafa" de la que se beneficiaron "grupos económicos allegados a Macri" mediante un "aumento de tarifas sin precedentes" y sin ninguna "justificación técnica o económica", sostiene el documento.

En este sentido, las Multisectoriales destacan que los exorbitantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas por redes llevaron a millones de familias a caer en un empobrecimiento energético masivo y otras tantas a quedar endeudadas de forma inédita y en altísimos montos. Por otra parte, miles de PyMEs cerraron sus puertas ante el avance de la oleada importadora y la suba tarifaria, derivando en un incremento de la desocupación y del número de argentinos y argentinas excluidos del acceso a los servicios vinculados a la energía.

Asimismo, denuncian que "las ganancias extraordinarias de las prestadoras de servicios no fueron a inversión en infraestructura, sino que terminaron engrosando la fuga de capitales que desangró al país" durante cuatro largos años.

Ante el cambio de gobierno, las multisectoriales enfatizaron que "resultaba fundamental avanzar en la soberanía energética nacional y en garantizar el acceso a la energía" y destacó que "el gobierno priorizó a los más afectados y decretó la prohibición de cortes de servicios hasta fin de año", señala el comunicado al tiempo que felicita al presidente Alberto Fernández "por impulsar soluciones inmediatas ante la complejidad del panorama".

Pero el problema "está lejos de resolverse, sostienen las Multisectoriales y explican que "las facturas emitidas por las empresas siguen siendo inalcanzables" para muchos sectores. En este sentido, remarcan que el 40% de los usuarios y usuarias está endeudado por tarifas y que la situación es similar para muchas PyMEs a lo largo y ancho del país.

A su vez, advierten que la prestación de los servicios públicos energéticos sigue siendo deficitaria y que las empresas del sector no hay realizado las inversiones comprometidas para garantizar mejor calidad y mayor acceso a dichos servicios.

Consecuentemente, las Multisectoriales solicitan avanzar "en un plan estratégico y global que aborde la cuestión energética garantizando que la energía se constituya como una palanca para el desarrollo nacional y un derecho esencial para todo el pueblo argentino".

Entre las propuestas más sobresalientes figuran la de proseguir y finalizar la revisión tarifaria integral; desdolarizar las tarifas; desandar los irrisorios e injustificados aumentos; permitir la condonación de deudas para usuarios vulnerables; resolver un plan de inversiones a la altura de las circunstancias; extender los organismos de control en todo el país; y recrear el Ministerio de Energía.

"Sabemos que no es sencillo y somos conscientes de los intereses que se afectan", indica la Red dedica a la protección de los derechos de millones de usuarios. Por eso mismo, concluye que dichas iniciativas "sólo se podrán llevar a cabo si el Estado recupera la potestad sobre el control de la energía" ya que avanzar con estas medidas requiere que la cuestión energética asuma un rol central en esta nueva etapa así como de la participación ampliada al conjunto de las organizaciones sociales, gremiales y políticas.

Belen Ennis, directora del Observatorio de Energía OETEC que preside el interventor del Enargas, Federico Bernal, sostuvo que “Efectivamente, el Gobierno Nacional cuenta con todos los instrumentos, herramientas y recursos necesarios para terminar, de una vez por todas y para siempre, con la energía convertida en mercancía, concepción que la transformó en un bien de lujo y una poderosísima arma de ajuste, atraso y empobrecimiento masivo durante los últimos cuatro años.”

En ese sentido, agregó que “claro que no es fácil y mucho menos con las presiones derivadas del escenario actual. Pero resulta urgente y precisamente necesario por esto mismo, desde que ninguna Nación en el mundo salió adelante sin energía, ni ninguna economía creció o ninguna sociedad vivió dignamente sin ella. Echar por tierra definitivamente el esquema tarifario heredado y resolver la cuestión energética de forma soberana -esto es, debatir para qué y para quienes necesitamos la energía- resulta hoy un imperativo categórico.”

En ese sentido, concluyó que “para poner nuevamente a la Argentina de pie en la senda del progreso y con mayor justicia social nada mejor que garantizar universalmente el acceso a la energía a tarifas justas, razonables y asequibles para todas y todos.”

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