9/10/2021

Política

Salta comenzó la Convencional Constituyente: las intenciones para reformar la Constitución

La provincia de los gauchos de Güemes está reformando parcialmente la Constitución provincial con el argumento de limitar los mandatos a gobernadores, legisladores y discutir la duración de cargos. Una reforma impuesta por la élite política que hace años y ya sabe cuál será su próxima meta: la perpetuidad de los jueces de la Corte de Justicia.

Autor de la nota: Jésica Aparicio

Jésica Aparicio

Publicado el 9 de Octubre de 2021


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Este año se cumplieron 200 años del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Bajo la disputa de su legítima representatividad y la apropiación de su sentido, no hubo referente, dirigente, mandatario o funcionario que no haya lucido ese rojo bordó que con orgullo presumieron los gauchos y gauchas de la gesta güemesiana, ese color que hoy tiñe la bandera de la provincia de Salta. Con el poncho, con el caballo, con los gauchos de fuego, con boleadoras y lanzas, “el gaucho Martín se puso a pelear entreverao con su gente”, dijo en una zamba eterna Hernán Figueroa Reyes. Entreverarse con su gente es lo que le falta a la dirigencia política….

 

Desde el año pasado, el gobernador Gustavo Sáenz instaló la necesidad de una reforma de la Constitución. Tanto él como los voceros oficialistas, recorrieron los medios de comunicación para “instalar” lo que las y los salteños pedían: limitar los mandatos en el ejecutivo y legislativo, digamos en propias palabras del mandatario provincial: “limitar a los políticos”. Con el discurso de ser una demanda popular, pero desde la mirada negadora de la “antipolítica”, poco a poco la Convencional Constituyente comenzó a tomar fuerza y forma. Aunque tras de sí, no prevalecía ni prevalece la intención del pueblo salteño, en un momento en que algo tan básico como el pan de cada día falta en la mesa de las familias no está garantizado.

 

Cabe destacar que en Salta, y sobre todo en las localidades del interior, es común encontrar intendentes, legisladores municipales y provinciales que prevalecen en sus bancas y escritorios desde hace varios años. Algunos, desde el retorno de la democracia. Es decir, en nuestra provincia hay jóvenes que desde sus pagos solo conocen a un político o política en el poder, que poco y nada ha ayudado a transformar la realidad de su patria. Sin ir más lejos, desde 1995 a 2019, la provincia sólo ha tenido dos gobernadores por amplios períodos de tiempo: Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, caras visibles del consenso de una casta política que lejos está de construir una provincia para las mayorías populares.

 

En Salta, la última Convencional Constituyente fue en el año 2003 y también fue parcial y le permitió a Romero un tercer mandato. En la Convencional de este año, que inició el jueves pasado, los artículos que se afectan para la reforma discutirán en torno a la duración de mandatos en el ejecutivo y el legislativo y la cantidad de reelecciones a las que se habilita a un gobernador. Sobre esto último, el oficialismo conducido por Sáenz sostiene que deben ser dos mandatos mientras que desde el interbloque del Frente de Todos -conformado por el bloque homónimo, junto al de Salta para Todos con la diputada nacional Verónica Lía Caliva y el Frente Grande-, como Juntos por el Cambio+ que contiene al PRO y los olmedistas de Ahora Patria- sostienen que debería ser solo uno. Desde el FDT además advierten lo tramposo que podría ser una cláusula transitoria donde eximan a Sáenz de considerar el actual mandato, lo que podría habilitar al gobernador a un tercero.

 

Otro punto que se habilitó a discutir en esta Convencional se vincula a la conformación de la Auditoría General de la Provincia, órgano encargado de controlar las cuentas y obras, que hoy tiene auditores elegidos a dedo por el ejecutivo, aunque se establece por ley que deben existir representantes de la oposición. En este sentido, el FDT propone concursos de antecedentes y prueba de oposición, evitando que sea un cargo político. Los criterios de municipalización también se habilitan a repensar, lo cual es importante para los pueblos del interior, donde ciertas localidades ya exigen su separación de sus municipios, para la constitución de nuevos. Acá el principal requisito se vincula a la cantidad mínima de habitantes que debe tener una ciudad para ser considerada municipio.

 

Sin lugar a dudas, todos temas importantes, aunque no se debe perder de vista la discusión en torno al artículo 156, en sus párrafos 1 y 3, que afecta nada más ni nada menos que a los Jueces de Corte y su duración en los mandatos.

 

Tal punto cobra real importancia, porque la historia salteña ha demostrado a través de la sucesión de los gobiernos que la oligarquía nunca ha dejado de conducir los destinos de esta provincia. La única vez que el pueblo ha tenido un gobernador peronista y del pueblo, el doctor Miguel Ragone, fue intervenido en 1974 y el 11 de marzo de 1976, días antes de lo que sería la dictadura cívico eclesiástica militar más sangrienta de nuestra historia, fue desaparecido. Y así, desde aquellos años, un selecto grupo de patrones más que dirigentes, ha definido mandatarios, gabinetes y medidas a gusto y antojo, para condenar a Salta a la pobreza y una profunda desigualdad, a costa de la riqueza de una elite.

 

Por eso, los costos del poder se pagan. Y la perpetuidad de los jueces, impuesto como tarea de gobierno a Gustavo Sáenz, es uno de ellos. ¿Acaso la postal del espaldarazo de Hernán Cornejo, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, gobernadores de los últimos años, dando su aval a esta reforma a espaldas de las prioridades de la ciudadanía, no son muestra de ello? 

Con jueces eternos, no hay democracia posible 

Actualmente, nueve jueces conforman la Corte de Justicia salteña -de hecho, fue el propio Sáenz quien la amplió, ya que hasta hace un año eran siete-, con un período de seis años. Dentro de los artículos habilitados para reformar, se debatirá en torno a la duración de sus años en los puestos y la forma en que son elegidos. Los jueces son designados por el poder ejecutivo en acuerdo con el Senado (en otras palabras, son elegidos por el gobernador) y luego de un período, pueden ser renombrados, llegando la inamovilidad cuando llega su jubilación, pero existiendo la posibilidad de cinco años más si existe un nuevo acuerdo. Este sistema genera la dependencia política de los jueces con el poder político de turno, teniendo que congraciarse con éste a través de sus fallos y su rol en el Tribunal Electoral o el Consejo de la Magistratura para garantizar la posibilidad de su reelección.

 

La propuesta del oficialismo provincial hoy es garantizar la inamovilidad de los jueces, aunque poco se jactan de su propósito, escudándose en limitar a la política, y contradictoriamente, dando eternidad a la Corte. La lógica del saenzcismo es asumir que dándole la perpetuidad, ya no habría dependencia con el poder de turno. La cuota de poder que se le otorgaría así a la justicia solo profundizaría el beneficio del que hoy gozan de buena salud: la impunidad. ¿Qué democracia es posible con un poder judicial electo a gusto del poder político, potenciando la concentración de poder de una élite que ni siquiera es elegida por la gente o por mecanismos que garanticen transparencia, alternancia y legitimidad? ¿Podría existir así una justicia independiente? ¿O, al menos, justicia?

 

Desde el Frente de Todos, proponen la posibilidad de un solo mandato por un tiempo de 8 años y la creación de un Consejo Asesor conformado por instituciones, actores y organizaciones de la sociedad civil que los elijan. Desde Juntos por el Cambio+ apuntan a aumentar a 15 los años en mandato, y no descartan la posibilidad de la vitalidad en el cargo, pero apuntan al concurso público, sin injerencia del ejecutivo ni del legislativo.

 

La Corte de Justicia en Salta tiene larga data buscando su eternidad en los cargos. Anteriormente, interpuso acciones a través de la Federación Argentina de Magistrados y la creación de una Asociación de Jueces, y en otro momento, el ex gobernador Urtubey propuso a través de una ley acordar que los futuros gobernadores que le sucedieran renovarían el acuerdo de los jueces que él había nombrado. Es decir: estamos ante el tercer intento de los jueces salteños de obtener su vitalidad en la Corte.

 

¿Es el mejor momento para reformar la Constitución? Frente a una pandemia y un pueblo golpeado por la crisis socio sanitaria y económica, cuando las prioridades pasan por el bolsillo y la comida, el gobierno provincial solo ha hecho uso de un momento de crisis para, a través de una demagogia antipolítica, conceder un exceso de poder a una minoría, en detrimento de las ciudadanías.

 

¿Hay garantía de una real representación de las y los salteños y sus demandas? De 60 convencionales constituyentes electos, 38 son orgánicos al oficialismo provincial. Y teniendo la oportunidad histórica de poder discutir esas otras dimensiones transformadoras para la vida de nuestro pueblo, vinculadas al acceso a la tierra, a una vivienda, al agua potable, a la utilización de los recursos en favor de las comunidades, a los derechos de las mayorías excluidas ¿Acaso hoy importa más que los jueces sean vitalicios a qué nuestras familias coman? ¿Por qué limitar la reforma de nuestra Constitución a las pretensiones de los poderosos?


Lejos quedan esos caudillos heroicos que con la fuerza y la valía de la organización popular, impulsaron proyectos políticos de federalismo, de construcción de gigantes héroes colectivos que a valor de sus propias vidas, soñaron con ese subsuelo de la Patria sublevado. Seguramente, es ese proyecto de Don Martín Miguel de Güemes, aquel militar traidor a su clase que organizó a Los Infernales, a los gauchos y campesinas, que convocó a los pueblos originarios, que vislumbró al sujeto histórico de estas tierras. Hoy Güemes solo es una figura apropiada para sostener a eternos personalismos de la casta política que se desviven por cumplir los favores del poder, ese que hace muchos años, hace 200 exactamente, traicionó a Güemes y lo hirió de muerte. Ese poder que se apropió de su legado para instalar y generar los mecanismos, con el poder político y el judicial en conjunto, para garantizar la eterna oligarquía.

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