23/10/2021

Sociedad

Salta: El Intendente de Salvador Mazza ¿protegido por el Gobierno de Gustavo Sáenz?

Narcotráfico, poder e intervención: el municipio de Salvador Mazza continúa dando la nota nacional.

Autor de la nota: Jésica Aparicio

Jésica Aparicio

Publicado el 23 de Octubre de 2021


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Hace una semana que el Municipio de Salvador Mazza da la nota nacional, al descubrirse por una denuncia web una banda criminal de contrabando y narcotráfico que tiene como jefe de la asociación ilícita al propio Intendente Rubén Méndez, y como miembros, a su familia. Incautaron $250 millones que para la fiscalía se obtuvieron por el pago de coimas en una aduana paralela. El Concejo Deliberante quiere que asuma María Esther Valdiviezo como Intendenta Interina; Gustavo Sáenz, busca intervenir: finalmente, el martes ganó la pulseada el gobierno provincial. El rol de Pablo Outes y una contadora de Grand Bourg. 

Todo empezó con una denuncia en la web del Ministerio Público Fiscal, durante septiembre, contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, por enriquecimiento ilícito. En tiempo récord -25 días- bajo la dirección de la Unidad Fiscal integrada por la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) -con la colaboración de Policía de la Provincia de Salta, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Policía Federal Argentina, el Grupo Operativo Conjunto - NOA y con el visto bueno de Nelson Aramayo, Juez de Garantías N°1 de Tartagal, el miércoles 13 de octubre se autorizaron 18 allanamientos en distintos domicilios, entre los que se encontraba el del Intendente y la propia Municipalidad, y los correspondientes a los miembros de la banda liderada por Méndez.

En los operativos, en los cuales por prevención tuvieron que convocar a las fuerzas federales por cuestiones de competencia, se incautaron un total de U$S 854.178, EUR 9070 $34.342.350, casi un total de $250.000.000. Pero también dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas, documentación y hasta un arma con municiones y sin registro. 

Al otro día, 14 de octubre, se realizó la audiencia donde Odorisio y Cabot imputaron a 11 personas (y una en Capital que explicaremos más adelante), donde el único que se animó a declarar -aunque escuetamente y sin preguntas de la fiscalía- fue el propio Méndez, que de lo que dijo, sólo se rescató que supuestamente “podía justificar” todo el dinero encontrado. 

Los once imputados -que días después, se transformaron en doce- sostenían no sólo una asociación ilícita para perpetrar delitos sino que además, son en su mayoría la familia del Intendente y funcionarios de confianza en su gestión: Ivana Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo) Susana Angelita Palacio (ex pareja), Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja), Juan Marco Méndez (hermano), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado), Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual), Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad) y Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino). Se los acusa de enriquecimiento ilícito, peculado, incompatibilidad con el ejercicio e incumplimiento de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar la declaración jurada y asociación ilícita; aunque pesando la mayoría de los cargos sobre el jefe de la “familia”. Desde la fiscalía aseguraron que pueden sumarse delitos por el análisis de la evidencia recogida. 

Según las primeras aproximaciones en la investigación, los vehículos figuraban a nombre de los hijos, de él y de la ex mujer de Méndez, pero ninguno tenía la capacidad financiera para la compra de los mismos, que según se pudo saber, fueron en Argentina y hasta en efectivo. Por otra parte, se pudo saber que desde enero del 2020, Méndez, su hijo, su hermano y los funcionarios Gutiérrez, Gijena y Balverdi cobraban una especie de impuesto en los puestos Vove y Guandacarenda, sin hacer las rendiciones correspondientes. Diariamente recolectadas las altas sumas, eran llevadas al domicilio del hijo, Roque Maximiliano. 

Además, junto a Orellana, ordenaron hace exactamente un año, la realización de un sendero peatonal privado, con recursos del Estado, en tanto personal municipal y maquinaria, con el fin de que transiten transportes de carga con fines comerciales privados y exentos de los controles formales de tránsito internacional. Así también el jefe comunal utilizaba una camioneta del municipio en beneficio propio y de su familia; la misma que hallada en su domicilio particular, ya fue puesta a disposición de los concejales para darle el debido uso. 

El Intendente también autorizó el funcionamiento de la “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, integrada con rodados de propiedad de Méndez Salazar, quien actúa como parte interesada por su actividad comercial particular: la distribución de bebidas, con empresas como Coca-Cola.

 

La hipótesis de la fiscalía 

El viernes 15 de octubre el Ministerio Público Fiscal realizó una conferencia de prensa para informar a la sociedad sobre la investigación. Allí se hicieron presentes la fiscal Salinas Odorisio, el director del CIF, Pablo Rivero; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz; el jefe de Policía de la Provincia, José Ibarra; el jefe de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; el inspector Juan Carlos Serna y el oficial jefe Arnaldo Esteban Machin de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

Odorisio confirmó que en vistas a las imputaciones, ya intervino la Justicia Federal, por delitos como la evasión fiscal, la posible vinculación con el narcotráfico y el contrabando. “El objetivo de la fiscalía es lograr una condena, una inhabilitación y que los bienes secuestrados vuelvan a la comunidad de Salvador Mazza”, afirmó Odorisio. Asimismo, informó que el dinero incautado en los allanamientos ya se encuentra depositado en cuentas judiciales. 

Lo desarrollado hasta aquí trata de la investigación penal preparatoria que tiene como objetivo terminar de recolectar los elementos para requerir o no juicio. Esta es la explicación también de por qué no se detuvo inmediatamente al Intendente y al momento se encuentra en libertad; quien por su “compromiso” político y por su comparecencia en la audiencia de imputación, según la fiscalía, no presentaría peligro de fuga. De todas maneras, existen medidas restrictivas que lo imposibilitan a retirarse del país y la inmovilización de los bienes, más allá de que estén incautados. 

El dinero hallado, por su parte, “está fuera del circuito financiero y de la formalidad (...) Las contadoras, empresas particulares con las que trabajó, AFIP y organismos de información establecen que no tiene capacidad económica para tener el patrimonio que tiene”, dijo la fiscal. De hecho, en la actividad económica privada declarada, registra pérdidas en 2020 y 2021, que están siendo objeto de investigación. La principal teoría de la UDEC, para la reconstrucción de la acumulación de las altas sumas, es que “el cobro de porcentajes por el ingreso de camión por contrabando, por las cargas, son millones por día” y además, por “las contribuciones que se pagan en los puestos de pavimentación”. 

Además, aclaró que del Municipio se extrajo numerosas documentaciones de computadoras y elementos electrónicos que están siendo analizados y que podrían ampliar las imputaciones. Agregó que los imputados no ofrecieron resistencia a los operativos de allanamiento y destacó el apoyo de los vecinos del Municipio al accionar de las fuerzas. 

Con fotos y videos parecidos al de un cartel de México, la fiscalía orgullosa mostraba el éxito de los allanamientos, donde se lucían enormes fajos de dinero correctamente ordenados, armas y balas. A la salida de la conferencia, las ostentosas camionetas retenidas se exhibieron con banners del MPF. 

El Concejo Deliberante busca asumir… 

El lunes 18 de octubre, cuatro concejales de Salvador Mazza, María Esther Valdiviezo, Fabián Renfiges, Cristian Crauzas y Raúl Arroyo, se hicieron presentes en la Capital para oponerse rotundamente al intento de intervención por parte del gobierno provincial. 

“Nosotros vinimos a buscar que nos escuche el señor gobernador”, sentenció Valdiviezo, quien en este momento, actúa como Intendenta Interina del municipio en cuestión y busca asumir como interventora local, con el apoyo de todos los ediles, menos de la concejal Claudia Subelza -la misma que hasta hace unos meses estuvo en el ojo de la tormenta por haber hecho pública la decisión de acceder a un aborto legal de una joven de 21 años en Tartagal. Los legisladores municipales aseguran que no existe “caos institucional” y que no fueron consultados para la decisión de una intervención en la comuna. 

Unas horas antes de la conferencia de prensa, Pablo Outes, el Coordinador de Enlaces y Relaciones Institucionales, afirmó a los medios que se buscaba intervenir porque “el concejo deliberante no estaba a la altura de asumir”. Paradójicamente, Valdiviezo, llegó a su banca acompañando al frente Gustavo Sáenz Gobernador, aunque durante su visita a la capital, estuvo escoltada por el frente Juntos por el Cambio+, con el diputado Julio Moreno, la concejal Emilia Orozco y hasta la candidata en 2° término a diputada provincial por el espacio, Inés Liendo, quienes aseguraron que la edil forma parte de sus filas. “Ingresé a la concejalía por el lineamiento de Sáenz, donde se ha pregonado contra la corrupción de Salvador Mazza, queríamos un gobierno transparente. Así llegué y cuando ya estaba trabajando, el único que me ha recibido ha sido (Ricardo) Villada, antes de la pandemia en el 201; posteriormente me he contactado con otros ministerios pero nunca con el Gobernador”, criticó. 

A su vez, afirmó que Outes visitó el municipio “muchas veces”, “en pleno caos social que ya se venía denunciando desde el concejo como variable y motivo, lamentablemente nunca se acercó. Visitó en carácter institucional y como político partidario de Gana Salta”, manifestó. También destacó que el Intendente ya tiene un juicio político en curso, y hasta varias denuncias presentadas en la fiscalía de Jorge Armando Cazón, “pero no avanzó”, reclamó.  “Nunca me respondieron por eso he acudido a la Procuraduría de Abel Cornejo, fue el único funcionario que nos escuchó”. 

“Es una desfachatez que diga eso”, sostuvo por los dichos de Outes. “Las palabras que se emiten desde la casa de gobierno no son la realidad, no hay una crisis institucional, porque el concejo está sacando al pueblo adelante. Hicimos frente, denuncias en tiempo y forma”, reclamó la edil. 

En el proceso de juicio político que atraviesa Méndez, Valdiviezo advirtió que Pablo Outes fue testigo a favor del intendente; además de que viajó numerosas veces y hasta se hizo presente días después de los allanamientos, lo que evidencia las relaciones políticas que explicarían la urgencia por intervenir desde el gobierno provincial, aún violando la autonomía municipal. “Eso me pregunto, ¿qué hay que tapar?”, expresó. 

“No queremos intervención, queremos elecciones inmediatamente, estamos en los tiempos estipulados, queremos que nos escuchen, no es una cuestión social de un enfrentamiento político como lo quiere hacer ver. Somos de distintos espacios políticos contra la corrupción”, resaltó. Sobre la situación de Méndez, Valdiviezo expresó que en la localidad “el vecino está estupefacto porque no había plata para hacer pequeñas obras”, frente a los millones incautados. 

Los ediles publicaron una Carta Abierta -firmada por todos, menos por Subelza- en vistas a la decisión del gobierno, para solicitar a los diputados que no aprueben el proyecto del Senado,: “Están tratando de justificar la intervención, forzando una situación que no existe en la realidad de nuestra localidad”, reza el comunicado. Al respecto, el edil Cristian Crauzas sostuvo: “Sería bueno que el gobernador llame a la Intendente Interina y le pregunte en qué situación se encuentra y en qué se puede ayudar, o que por lo menos den una justificación para intervenir”. 

 

El Senado busca intervenir... 

El jueves por la madrugada, el propio día de las imputaciones, ya sabiendo lo que se venía, el ejecutivo provincial envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley para intervenir el Municipio de Salvador Mazza. 

Fue el propio Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, quien se hizo presente en un cuarto intermedio para explicar los fundamentos del proyecto de ley. “Entendemos que debe haber un gobierno local con mucha fuerza para lo que se viene. Lamentablemente con lo que ha pasado creemos que la credibilidad de la gente sobre el señor Méndez ha sido seriamente dañada”, sostuvo. 

Aseguró que el fin de la intervención es que “no sufran los ciudadanos de Salvador Mazza” y que “haya una continuidad en el desenvolvimiento de lo que hace el gobierno municipal, salir de esta crisis que se ha generado por lo motivos que ya son de público conocimiento y que han tenido trascendencia nacional”. Remarcó que la medida solo apunta al ejecutivo municipal y no afecta al Concejo Deliberante que “está en pleno funcionamiento”. 

Finalmente, con muchas críticas de por medio, la Cámara de Diputados dio el aval definitivo para garantizar la intervención del poder ejecutivo en el Municipio y por sobre el Concejo Deliberante de la localidad. Las críticas se centraron en la falta de herramientas de los municipios para controlar a los intendentes, y las situaciones de muchas comunas que también tienen casos de Intendentes con causas y graves denuncias, pero donde el gobierno provincial decide no intervenir. La complicada situación de Rubén Méndez de Salvador Mazza se suma a la de otros intendentes como Enrique Martínez de Rosario de Lerma, Juan Domingo Aguirre de Joaquín V. González, Héctor “Rulo” Vargas, de San Carlos y Fernando “Casita” Almeda, de Cafayate. 

Ni lerdo ni perezoso, al otro día, el miércoles 20 de octubre, el gobierno provincial anunció que el interventor sería Adrián Zigarán, quien hasta hace unos días atrás era el interventor de Aguaray. Con un procedimiento poco claro, nuevamente Sáenz obra con la impunidad que su cargo le garantiza y designando a dedo a un jefe comunal por dos años, cuando el pueblo y la Carta Orgánica le exige que convoque a elecciones.


La misteriosa imputada N°12 

“Al número doce no lo vamos a dar a conocer porque no fue imputado”, afirmó Odorisio en la conferencia de prensa, ya que se hablaba de un imputado más, del que aún se desconocía el nombre. Esto fue así, porque se trata de alguien que, no sólo vive en Capital, sino que trabaja en Grand Bourg, la Casa de Gobierno de la Provincia. Finalmente, fue confirmada la imputación de la contadora Liliana Cristina Centeno  por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria. 

Centeno fue quien confeccionó las declaraciones juradas que permitieron las compras de los vehículos que fueron secuestrados el miércoles pasado durante los allanamientos. Las mismas eran indispensables como documento para garantizar la compra legal de los vehículos en el país. De acuerdo a lo suministrado por AFIP, lo manifestado por la contadora Liliana Centeno no concuerda con los registros obrantes en el organismo nacional, en cuanto a la capacidad patrimonial y financiera de las personas que figuran como titulares de los vehículos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Centeno se presentó con un defensor oficial y se abstuvo de declarar. 

La premura con la que en menos de una semana, el gobierno provincial buscó decir “acá no pasó nada”, deja más interrogantes que certezas, más cuando gente del gabinete está involucrada. El acompañamiento presente y continuo de Pablo Outes, la intervención inmediata del ejecutivo a través de Ricardo Villada horas después de conocerse las imputaciones y la participación esencial de Centeno, así como también la nulas acciones de la Auditoría General de la Provincia y de la justicia, y la falta de políticas de control en zonas de frontera, ponen de manifiesto cómo las relaciones políticas buscan neutralizar y disciplinar al municipio, frente a un caso que podría seguir desmantelando entramados de poder que hoy garantizan la impunidad.

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