20/11/2021

Sociedad

Salta pide la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

“Acá están impulsando otra campaña, pero en vez de que sea la del General Roca, va a ser la de las grandes corporaciones y empresas multinacionales, terratenientes o empresarios locales como Alfredo Olmedo, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero” denunció la referenta wichí Octorina Zamora sobre la necesidad de la prórroga de la Ley 26160.

Autor de la nota: Jésica Aparicio

Jésica Aparicio

Publicado el 20 de Noviembre de 2021


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Para nuestros pueblos indígenas, la tierra es una dimensión y elemento intrínseco en su existencia, desde la cosmovisión que sostiene su día a día, hasta la bondad de la “pachamama'', siempre ahí está el territorio. Pero las comunidades originarias sufrieron procesos de exclusión, negación y exterminio, acompañados del despojo y la usurpación de sus tierras, recordadas por ejemplo en temibles procesos de conquista como el impulsado por Julio Argentino Roca, en “La Campaña del Desierto”, epopeya que muchos terratenientes quisieran replicar por estos tiempos. 

En Argentina, la mayoría de las poblaciones indígenas del país no cuentan con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional y esto se debe a la explotación de las mismas por parte de empresas agropecuarias, petroleras y mineras, en su mayoría. En este contexto se inserta la ley 26.160, sancionada a fines del año 2006, con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades originarias a lo largo del territorio nacional: la Ley de Emergencia Territorial Indígena. 

La norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, cuya dirección está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

Según fuentes oficiales, de 1532 comunidades identificadas en la actualidad por el programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), iniciaron el proceso de relevamiento 759 comunidades, esto es, apenas un 49%. Es decir, que si bien la ley habilitó un proceso trascendental para los pueblos indígenas, aún resta mucho por hacer. 

Fue la senadora nacional por el Frente de Todos en Salta, Nora Giménez, quien presentó en el Senado de la nación el proyecto que habilita una nueva prórroga de la ley 26160 para seguir garantizando la protección jurídica de las tierras. Sin embargo, no consiguió el tratamiento en el Congreso de la Nación de manera inmediata -ya que la prórroga vence el 23 de noviembre- y el propio presidente Alberto Fernández, a través del decreto 805/21, publicado en el Boletín Oficial, buscó evitar que deje de funcionar la norma, por los perjuicios que esto podría traer para los pueblos originarios. 

“Se trata de una gran lucha que acompañé con la presentación del proyecto en el Senado, con cada una de las reuniones que mantuve con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda con representantes de las Comunidades Originarias del país, con diputados nacionales del Frente de Todos y con dirigentes de ámbito de los derechos humanos, como el apreciado, Adolfo Pérez Esquivel. La intención era que se convirtiera en Ley antes de su vencimiento, pero los tiempos legislativos, a veces, no acompañan las necesidades del pueblo”, explicó Giménez al respecto. La senadora agregó: “Por esto aplaudo que el Presidente ponga su atención en estos temas y demuestre celeridad ante situaciones como estas que ameritan su intervención y además celebro que haya observado con atención el proyecto que por consenso votamos”. 

Si bien ya existe el DNU, el miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de la Nación, emitió dictamen favorable ante la emergencia territorial y a su vez, representantes y referentes de las comunidades indígenas insisten en la necesidad del avance de la normativa que le de fuerza de ley, que a parte de ser una garantía, asigna un presupuesto específico para el sostenimiento de los relevamientos y las carpetas técnicas.

Octorina Zamora es lideresa comunitaria de los pueblo wichí en Salta, fundadora y Secretaria general del primer partido de bases indígenas y criollos empobrecidos de Santa Victoria Este, Tewok Nechayiek; anfitriona de la premio Nobel de la paz Rigoberta Menchu Tum e integrante de la mesa directiva para el premio Nobel de la paz al Obispo Samuel Ruiz. En diálogo con Infonativa reflexionó desde el acampe que comunidades originarias sostienen afuera del Congreso, sobre el debate en la Cámara de Diputados de la Nación. 

“Estuvimos presenciando las discusiones que se daban en el recinto, llamaba la atención que la gran mayoría que se opone están apuntando al sur, como si solo allí hubieran indígenas y en toda la república argentina hay vida y comunidades indígenas, ahí veo que los intereses económicos están en el sur”, comenzó analizando la referenta. Contó que en el acampe participan indígenas de las comunidades wichí, mapuches, guaraní, coya, qom, etc. 

Al respecto, criticó: “Hablan de terrorismo y de violencia, pero ¿Qué más violencia que el hambre, la miseria, la falta de agua, y la falta de seguridad de nuestro territorio? No olvidemos lo que pasa en la comunidad Arenales en la provincia de Salta que están cercando la comunidad, esperando el 23 de noviembre para arrasar con la población de una comunidad wichi”. Aseguró que la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, busca “enfrentar” a las y los argentinos; “que no pongan de excusa al pueblo indígena, que está luchando por los derechos que le corresponde, para enfrentarnos a nosotros porque no lo van a hacer”. A la vez, los medios de comunicación de las corporaciones acompañan la agenda de estos días con la potenciación de discursos de odio hacia el pueblo mapuche, catalogándolo, justamente, de terrorista. Recordó que ya durante su gobierno, en el 2017, buscaron avanzar con reformas sobre la ley y en esos años, realizaron un gran acampe para ser escuchados por los legisladores nacionales. 

“La prórroga es la única ley que protege a los pueblos indígenas en materia de emergencia territorial lo que significa que tiene artículos que hablan sobre el relevamiento territorial. Somos 2 mil comunidades indígenas que todavía no se alcanzaron a relevar, si cae la prórroga, vamos a quedar desamparados, los que no tienen la titularidad”, explicó Zamora. Argumentó que de no existir esta garantía, “tranquilamente puede venir un empresario como hacen siempre en territorio indígena, desalojarnos, quitarnos los derechos y que haya masacre”. “La gente no va a esperar que nos pase la topadora”, advirtió. 

Sobre el rol de los legisladores en Salta, agradeció el acompañamiento de los diputados del Frente de Todos, como Alcira Figueroa, Veronica Caliva y Lucas Godoy; y Andrés Zottos, del Bloque Justicialista. Sin embargo, Octorina manifestó que no recibieron respuestas ni fueron recibidos por Martín Grande (PRO), Virginia Cornejo (PRO) y Miguel Nanni (UCR), los tres de JxC, ya que “ellos quieren una reforma, una la ley descabellada, que básicamente los territorios pasen a mano de los municipios, ¡como darle un lobo a las ovejas!”, sentenció y agregó que también piden sólo considerar las primeras comunidades registradas para parcializar las tierras. 

“La ley tiene que quedar como está, costó muchísimo, acá están impulsando otra campaña, pero en vez de que sea la del General Roca, va a ser la de las grandes corporaciones y empresas multinacionales, terratenientes o empresarios locales como Alfredo Olmedo, Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero”, reflexionó la mujer wichí. “Sabemos de la riqueza de nuestro territorios y por eso los intereses que nos quieren despojar de ellas”, denunció. 

La lideresa informó que en Salta existen más de 500 comunidades reconocidas y que es la provincia con mayor cantidad de poblaciones en el país. “En el departamento San Martín, Anta y Rivadavia, donde hacemos vida los pueblos indígenas, hay intereses territoriales de gente que ni siquiera vive en el lugar, por eso nuestra aflicción de que no se prorrogue, como en el sur con los hermanos mapuches que están con continuas represiones y con derramamiento de sangre” afirmó y pidió no olvidarse de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 

Por su parte, el senador en Salta por el departamento de Iruya, Walter Cruz, miembro del Pueblo Kolla, también se pronunció al respecto de la Ley de Emergencia Territorial: “Muchas comunidades indígenas la sienten como su ley, ha logrado la media sanción, necesitamos sanción definitiva a la prórroga”. “Hoy vemos con mucha desesperanza y preocupación que el próximo martes la prórroga tiene vencimiento, lo que estimamos es que vencida la ley sin lugar a dudas serán ciertas las demandas de desalojos que sufrirán nuestras comunidades”, expresó. 

Al tomar la palabra en el recinto, sostuvo: “Muchos diputados para la televisión y medios hablan bonito de nosotros, sin embargo cuando hay que votar leyes y derechos miran para otro lado. Sin lugar a dudas que hay intereses económicos y políticos, está claro que solamente un decoro para usarnos política y folclóricamente, no como sujetos de derechos”.

 

Entre prórrogas y postergados 

La Ley de emergencia territorial constituye, desde la mirada de Estado, la generación de procesos participativos con la finalidad de reconocer la propiedad de territorios a las comunidades indígenas en Argentina y un paso previo para que se pueda determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas. Delimitar el territorio que ocupan y narrar la historia del uso y ocupación de ese territorio es un paso necesario para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios. La prórroga es así la seguridad jurídica y de resistencia a las comunidades indígenas para frenar desalojos injustos de los territorios hasta tanto no se culmine el relevamiento. 

Una vez finalizado este proceso, el Estado deberá velar por una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que reconozca plenamente la preexistencia de los pueblos y asegure, tras siglos de procesos de colonización, genocidio y exclusión, la posesión de sus tierras ancestrales. 

15 años después de la sanción de la Ley 26160, recién se cubrió el 49% del relevamiento. Aun los poderes judiciales desconocen la normativa y garantizan desalojos y represiones. Aun nuestros pueblos añoran y esperan su tierra, esa que les fue arrebatada. Aun nuestros pueblos originarios luchan por el buen vivir como bandera y esperan algún día ser titulares de sus territorios y que sea, por una vez, para ellos, un poco de justicia social. 

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