29/5/2021

Política

Salvataje: El Estado al rescate del desarrollo industrial

El Gobierno Nacional y la provincia de Mendoza finalmente acordaron el salvataje de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA). Una empresa de referencia internacional de diseño y fabricación de equipamientos hidroeléctricos, eólicos, nucleares para la industria del petróleo y el gas.

Autor de la nota: Fernando Gómez

Fernando Gómez

Publicado el 29 de Mayo de 2021


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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el gobierno de la provincia de Mendoza, capitalizaron la empresa IMPSA con un aporte total de u$s20 millones. 

En efecto, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la aprobación de la capitalización por parte del Estado nacional de la empresa de tecnología e infraestructura Impsa, lo que significará un aporte de US$ 15 millones que se sumarán a otros US$5 millones de la provincia de Mendoza.

De esta forma, el Estado nacional se convertirá en el principal accionario con el 63,7% del total y el Estado provincial participará con el 21,2%, de la empresa considerada estratégica por ser la única en su tipo en el país y la región con capacidad de desarrollo de grandes obras energéticas y de infraestructura.

El anuncio, muy cuidado en sus formas, evitó mencionar la gestión empresaria por parte del Estado y se limitó a hacer referencia a la capitalización del sector público para lograr el salvataje de la empresa, circunstancia que fuera solicitada por los accionistas privados de la empresa a principios de éste año.

El Ministro, Matías Kulfas, aseguró que “Impsa es una empresa estratégica para el desarrollo nacional" y destacó que "se debe trabajar para que con profesionalismo pueda volver a colocarse en los principales mercados del mundo".

"Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de Impsa y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”, agregó.

En concreto, el Estado nacional inyectará un total de $ 1.362.900.000 pesos al capital de Impsa, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $ 454.300.000 pesos, quedándose así con el 21,2% de las acciones.

El porcentaje restante (15,1%), permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia Pescarmona, fundadora de la legendaria empresa.


Una fragilidad económica de arrastre

En el año 2012, los embates económicos de Estados Unidos sobre Venezuela, hicieron trastabillar financieramente una mega inversión de IMPSA en la República Bolivariana, lo que se agravó por dificultades financieras acumuladas en distintas inversiones generadas en Brasil. Dichas dificultades importaron un conjunto de acciones sobre la histórica industria afincada en la provincia de Mendoza.

En julio de 2016, finalmente, IMPSA pudo alcanzar una reestructuración de su deuda en dólares por un monto superior a los mil millones, de la cual resultaban ser acreedores un conglomerado de entidades bancarias que conformaron un fideicomiso que en el año 2017, luego de una demanda judicial, lograron quedarse con el 65% del paquete accionario, en una maniobra alentada por el Macrismo que obraba como consecuencia de la imputación de Pescarmona en la causa “cuadernos”.

El desarrollo del lawfare en la Argentina y Brasil tuvo dos caras de una misma moneda. Por un lado permitió la persecución de los liderazgos populares y dirigentes cercanos, y por el otro, la persecución de empresarios locales para arrebatarles sus empresas y trasladar las acciones al acervo del poder financiero transnacional. IMPSA no fue una excepción de la maniobra.

Sin ir mas lejos, en julio de 2017, la empresa IMPSA malvendió su participación en el dique Potrerillos en la provincia de Mendoza a un fondo suizo, ello, bajo la estricta supervisión del ex gobernador Alfredo Cornejo y el ex Ministro de Energía Aranguren. Fue el 2 de mayo de 2018, cuando la empresa quedó endeudada en el 40% del monto reclamado por los bancos y cedió el 65% de las acciones al conglomerado de las entidades financieras.

Y ahí si, el 15 de julio de 2019, Macri visitó la empresa, ya en manos de intereses extranjeros y depredadores financieros que no sólo evitaron capitalizar la potencialidad estratégica de una empresa como IMPSA, si no, que volvieron a hacer trepar su endeudamiento y dificultad.

Mientras todo eso ocurría, y bajo la apariencia de una crisis que motivaba semejantes transformaciones, paradójicamente la empresa IMPSA despachó en agosto de 2016 cuatro generadores para la Central Nuclear de Embalse y envió turbinas a las represas brasileñas,

Ya en enero de 2020 IMPSA volvió a entregar una turbina, en éste caso la segunda que correspondía a la represa de Yacyretá. La primera de ellas, comenzó a operar en diciembre de 2020.  

El salvataje

En febrero de 2021 la empresa emitió acciones por 20 millones de dólares que tenían como objetivo la compra por parte del Estado para modificar la estructura accionaria de la empresa, algo que fuera solicitado por la firma y respaldado por su CEO Juan Carlo Fernández, quien continuará en dicho cargo.

Luego de aprobada la compra de acciones por parte de la legislatura de Mendoza y con el visto bueno del Gobierno Nacional, se terminó por realizar la capitalización y el Estado pasará a ocupar el rol de accionista mayoritario de una empresa estratégica para el desarrollo industrial del país.

Impsa está ejecutando contratos para centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas y solares, como así también equipamientos para la industria del petróleo y gas.

Hoy diseña y fabrica las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la Central Hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM, entre los principales proyectos.

El reactor nuclear CAREM puede posicionar a Argentina como líder tecnológico global. El proyecto se encuentra a la vanguardia tecnológica, con potencial exportador y que Argentina viene desarrollando, posicionándolo entre las potencias nucleares. La combinación con el también Estatal INVAP, será determinante para desarrollo nacional.

A su vez, tiene previsto competir este año para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.

De hecho, en Malasia, gestiona la Central Hidroeléctrica BAKUN, considerada una de las mas eficientes del mundo.

“La división hydro es uno de los cores. Estamos hablando de turbinas hidroeléctricas, que pesan cientos de toneladas, implica meses de diseño, ingeniería y fabricación, un producto de altísimo valor agregado, que IMPSA diseña, desarrolla, fabrica y exporta", sostuvo el economista Martín Alfie.

El dato no es menor. En el 2023 comienzan a vencer numerosas concesiones de centrales hidroeléctricas del país entregadas por Menem al capital extranjero.

Las centrales que están en la mirada política por el vencimiento de las concesiones son Planicie Banderita (450 MW), El Chocón y Arroyito (1200 y 120 MW respectivamente, ambas administradas por la italiana Enel); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar (Orazul Energy), la planta hidroeléctrica Alicurá (100 MW, un proyecto de AES) y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila (1400 MW de Sociedad Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún Leufú (261 MW, a cargo de Pampa Enegía).

La concesiones vencen entre los años 2023 y 2029 y fueron entregadas por entonces presidente Carlos Menem.

La gestión empresaria por parte del Estado de una empresa vital para el desarrollo energético nuclear e hidroeléctrico será clave para el futuro inmediato del país, allí donde intereses extranjeros operan sobre nuestros recursos estratégicos y limitan la potencial riqueza que queda en el país, el trabajo que se genera y la potencia tecnológica que puede alcanzar nuestra ciencia nativa.

El pensamiento económico ortodoxo de los centros de poder ha logrado instalar la idea que el Estado no puede ejercer, por sí, la gestión empresaria del desarrollo estratégico de su Nación. Atribuyen al nacionalismo o la izquierda, ideas que no se cuestionan cuando las potencias económicas la asumen. La Argentina tiene una experiencia notable, especialmente durante el peronismo (pero no sólo), de desarrollo de un Estado Empresario eficiente, sólido económicamente y capaz de apuntalar un desarrollo humano integral. 

El debate sufrió una derrota importante durante el traspié en la recuperación de Vicentín, en la que el sector empresario prefirió asegurar su impunidad, entregar negocios al extranjero y estafar al Estado y a los productores  en el camino. En este caso, el empresariado despojado por el Macrismo encontró una posibilidad de recuperar la empresa en la búsqueda de capitalización del Estado, quien conserva en esta primera etapa la impronta de conducción privada de la empresa, pero se transforma en mayoritario decisor de la dirección económica de la misma. 

Con este paso hacia adelante, el Estado tiene una oportunidad para articular con YPF y el INVAP un conglomerado sólido de gestión pública de ciencia y tecnología para la soberanía energética nacional. También, tiene la enorme oportunidad de desterrar los mitos que impiden nuestro desarrollo, y asumir un rol empresario en la gestión de nuestros recursos, que nos permita recuperar trabajo, producción, mercado interno y desarrollo industrial, para edificar un destino de felicidad para las mayorías siempre postergadas.

Un paso importantísimo hacia adelante, que merece no sea en falso.  

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