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La explosión popular en Chubut contra la aprobación, entre gallos y medianoche, de la rezonificación de la meseta patagónica que autorizaba los proyectos de explotación minera de la multinacional Pan American Silver, le pusieron calor y color a los debates sobre el destino de nuestros recursos estratégicos.

En la amplia paleta de colores que componen el rechazo a los proyectos de megaminería en la meseta de Chubut conviven posturas que rechazan cualquier modelo de extracción minera con el objetivo de proteger el ambiente, de aquellos que peregrinan un modelo respetuoso de las aspiraciones de las comunidades ancestrales propietarias de la tierra y una porción de pueblo que rechaza los modelos de explotación minera en manos de multinacionales, que configuran enclaves coloniales en nuestra Patria.

Del otro lado de la vereda, como si el debate se materializara exclusivamente contra la agenda ambiental de Greenpeace, se esconden voceros oficiales e inoficiosos que reducen y polarizan el debate, y en nombre del desarrollo, terminan por alentar los modelos de explotación que caracterizan la minería en la Argentina.

Los grandes defensores del desarrollo nacional, intentan explicar que la única forma de explotar los recursos naturales es concesionando un proyecto a gigantes multinacionales (bajo el siempre falso pretexto que son los únicos que pueden encarar semejantes inversiones) y que para que las multinacionales se arrimen al país, hay que generar “clima de inversiones”.

El clima de inversiones, en nuestro país, se traduce en reducción de impuestos, baja en las retenciones a las exportaciones, liviandad en los controles sobre volumen extraído, libre giro de utilidades a sus casas matrices, escaso valor agregado en el modelo de producción local, salarios altos para el mercado interno, pero a la mitad de lo que pagan por la misma actividad en otros países, y finalmente, el tan ansiado “esfuerzo público” que se termina por traducir en la mayor inversión para el desarrollo, sea en rutas, infraestructura estratégica para el desarrollo, infraestructura social para las poblaciones y todo aquello que sea necesario para que los extranjeros hagan negocios con nuestros recursos.

En otro tiempo se lo conocía como colonialismo, hoy es moneda corriente, incluso en las filas de profesionales que pretenden enrolarse en las filas del movimiento nacional.

¿La soberanía? Esa te la debo.

 

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En medio de los frustrados debates soberanos, el último martes de diciembre, se abrieron los sobres de la “licitación corta” que termina por consolidar un nuevo modelo privatizador para la gestión del dragado y balizamiento del Río Paraná.

“Yo tengo la sensación de que nos tomaron el pelo. Que después de hacer un enorme esfuerzo durante los años de la pandemia que no terminó, con 200 organizaciones que levantamos la bandera soberanista alrededor del rio Paraná, el Gobierno Nacional hizo fulbito para la tribuna, que a través de la administración general de puertos tomaba -supuestamente- el dominio. Y sinceramente no, porque incluso en el decreto de la resolución donde la administración general de puertos se hacía cargo, se decía con claridad que solamente se iba a hacer cargo del control hidrológico del rio Paraná, cosa que habíamos advertido y que iba a cobrar el peaje. Por eso, el dragado lo sigue haciendo Jan de Nul y el balizamiento lo sigue haciendo Emepa, con lo cual no cambió nada sino que se puso una máscara en la administración general de puertos como si fuera una presencia soberana, cuando en realidad está funcionando prácticamente como Estado bobo y cómplice, una vez más, a favor de lo que significa el control, la administración y la planificación sobre la vía que mayoritariamente genera la mayor cantidad de riqueza en la economía argentina, como la exportación de cereales a través del rio Paraná”, señaló el diputado provincial de Santa Fe, Carlos Del Frade.

Y agregó “el guion de esta película marca la concentración y extranjerización de las riquezas de nuestro pueblo, por lo cual la cuenta no da porque cuando se llevan la riqueza, nos queda la pobreza y esto es lo que ha pasado con la apertura de sobres de la licitación corta.”

Denis Vilardo, delegado de ATE en el astillero Río Santiago, sostuvo que “Acá lo que hay que discutir, el fondo de la cuestión, es el sistema logístico que tiene Argentina: todo lo que se exporta, se exporta en barco que es el medio de transporte más eficiente y económico. Y todo lo que se mueve hacia adentro, en camiones. Eso hace que las economías regionales, e inclusive provincias como las patagónicas o Tierra del Fuego que es la que más extensión geográfica tiene y la que debiera ser la más importante en relación a la soberanía nacional, porque en frente a la isla de Tierra del Fuego, inclusive en su territorio, incluye a las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido.”

El dirigente gremial sostuvo en Radio Gráfica que “La debilidad de que nos hayan expulsado del agua, hace que Argentina no tenga presencia en el Atlántico Sur porque no se puede llegar en barco, se llega en camiones. Se hace 3 mil kilómetros por la ruta 3, con un contenedor arriba de un camión, en vez de transportarlo por agua y eso aumenta enormemente los costos logísticos y hace que una provincia rica en recursos, como Tierra del Fuego, le tengamos que hacer un sub régimen industrial que no paga ningún impuesto y terminan pagando el kg de yerba 1200 pesos.”  

Destacó que “Esa irracionalidad es por haber entregado la columna logística vertebral que es el Rio Paraná y el Atlético Sur, eso es lo que está en disputa. Eso lleva a discutir qué modelo de país queremos: un modelo que industrialice sus recursos, que potencie las economías regionales o un modelo donde reine el monocultivo de soja y el extractivismo. Si queremos esto último, hay que mantener la actual vía de navegación que está diseñada para llevarse los recursos de la Argentina. Si queremos desarrollar el país tenemos necesariamente que hacer otra vía de navegación.”  

 

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Con la firma de Juan Cabandie, a cargo de la cartera de Medio Ambiente, el gobierno nacional autorizó a la empresa Equinor para realizar exploración sísmica en sus bloques CAN 100, 108 y 114 de la cuenca Argentina Norte frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. La decisión fue publicada el día Jueves en el Boletín Oficial.

El proyecto importa una asociación entre YPF y la multinacional de capitales noruegos, Equinor, para el desarrollo de la explotación de plataformas offshore para la extracción de gas y petróleo. Un proyecto que tuvo lugar durante el gobierno de Mauricio Macri, por expresa presión de Juan José Aranguren, ex CEO de Shell devenido por entonces Ministro de Energía.

Belén Ennis, directora del OETEC, organismo que preside Federico Bernal, a cargo del Enargas, había manifestado en oportunidad de conocerse la asociación que "la vinculación de YPF con Equinor en Mar Argentino ya era un gravísimo error que data de Aranguren como CEO-ministro de Energía. Ahora conocemos que se suma al negocio, nada más y nada menos que con Shell".

Según el OETEC, la multinacional Equinor “tiene entre sus directoras a una ex asesora petrolera de los kelpers, Anne Drinkwater, quien además se desempeñó como directora entre 2012 y 2018 de Tullow, firma británica que operó ilegal e ilegítimamente en 2007 en la Cuenca Malvinas Sur".

Según las investigaciones del citado Observatorio, Drinkwater entregó en 2013, siendo parte de Tullow, una hoja de ruta a las autoridades coloniales británicas con un recorrido de cinco años para el desarrollo del gas y petróleo en el offshore alrededor de las Malvinas.

El asesoramiento de la actual directora de Equinorpara con el gobierno colonial isleño consistió en revisar el programa exploratorio vigente al 2013, complementándolo con un plan a cinco años elaborado de su puño y letra, cosa que efectivamente hizo y presentó a las autoridades colonialistas isleñas el 19 de abril del mismo año.

"Si el Sr. Afrontti desconocía quien era la directora de Equinor, pues bien, ahora ya sabe, y cuenta con la información suficiente para suspender el acuerdo con la firma noruega", apunto Ennis.

Seguramente, en el rechazo ambiental a la instalación de las plataformas offshore, será la oportunidad de las multinacionales para polarizar en extremos, de forma de obtener concesiones para el modelo de explotación multinacionales, que significa el nuevo paradigma del colonialismo impuestos sobre nuestras tierras y que paradójicamente, cuenta con el asombroso aval y empuje del gobierno nacional.