8/5/2021

Economía

Tarifas: Claves para entender las tensiones y no caer en otro ajuste al bolsillo

"El gobierno no puede exigir un mayor pago a la población para garantizar los beneficios del capital que están detrás de las grandes empresas transportadoras y distribuidoras eléctricas", analiza Horacio Rovelli.

Autor de la nota: Horacio Rovelli

Horacio Rovelli

Publicado el 8 de Mayo de 2021


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En la Argentina tras la privatización del servicio público de electricidad y en el año 1992, se creó CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) que, si bien es una sociedad anónima, el principal accionista es el Estado Nacional y, es la compañía responsable del despacho de electricidad en el país ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. Pero también interviene en las importaciones de gasoil y fuel oíl para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad, todo con subsidios del Estado fijado en el presupuesto nacional.

La fuente principal de energía eléctrica en el país es la térmica, en base al carbón, al petróleo o gas natural (prácticamente el 60% de la generación eléctrica) se le suma un 23% aproximadamente de la generación en base a las represas y saltos (energía hidráulica) provenientes esencialmente de Yaciretá; después Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón Cerros Colorado, Futaleufú, Alicurá y otras menores; y con una baja participación en la generación están las restantes fuentes: la energía renovable, la nuclear, y las importaciones de la R.O. del Uruguay.

En el presupuesto de la Administración Nacional 2021 se señala que los subsidios para el sector de la energía eléctrica alcanzarán en el año un total de 4.848 millones de dólares. Y representa un aumento de 5% respecto a lo destinado a esta compañía en 2020. De ese monto, 4.781 millones de dólares corresponderán a CAMMESA para la cancelación de sus deudas.

Las tarifas de los servicios públicos son una parte relevante no sólo del gasto de las familias sino de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo al recorrer toda la economía en forma transversal, por eso es que la discusión sobre cómo se fijan esas tarifas debe darse en el marco de un debate sobre el proyecto de país que se pretende construir a mediano y largo plazo, de allí que se entiende por qué, del presupuesto nacional, se detraen partidas para subsidiar su generación, la transferencia y la distribución hasta llegar al usuario.

Pampa Energia

En el caso específico de la electricidad, el transporte de energía eléctrica de alta tensión de la República Argentina se hace por grandes empresas privadas, la principal es TRANSENER SA, que es concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino. Su principal accionista es el grupo Pampa Energía, sociedad presidida por Marcelo Mindlin, que tiene como uno de sus Directores a Joe Lewis y grupo sobre el cual Larry Fink, CEO de BlackRock, reconoce tener participación.

Referente y operador en el tema energético es Marcelo Mindlin, quien también es dueño de Iecsa (que le cambio de nombre para denominarse SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA), una de las empresas que formó parte del grupo Macri, vendida por Franco Macri a su sobrino a Ángelo Calcaterra y que, a su vez, éste vendió a Mindlin a comienzos del año 2017 cuando se realizaba la investigación del Corredor Verde asociada al grupo Odebrecht de Brasil.

Otras transportadoras de energía eléctrica de alta tensión son Transba S.A. que es la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue S.A; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.; etc.

En el caso de las distribuidoras, las principales son EDENOR SA en la que Black Rock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas y en diciembre 2020 aparece comprando el 51% del paquete accionario el grupo Vilas-Manzano y Filiberti. En primer lugar, la operación fue por un pago de 55 millones de dólares para tomar el control de Edenor y otros 40 millones en 2021, cuando se cumpla un año de la fecha de cierre de la operación. El monto sorprendió al mercado porque Edenor es la distribuidora eléctrica más grande del país con cerca de 3 millones de clientes. Además, el acuerdo incluyó una llamativa cláusula donde se aclara que el comprador deberá desembolsar “un pago contingente en caso de cambio de control de la compradora o de Edenor durante el primer año luego del cierre de la transacción o mientras se mantenga adeudado el saldo de precio por el 50% de la ganancia generada”.

La segunda distribuidora es EDESUR, cuyo principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal italiana que administra la energía de Italia y tienen en EDESUR participación minoritaria las firmas ENDESA de España y EDESUR de Chile. Finalmente las empresas Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap que preside Rogelio Pagano, quién años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.

Debemos recordar que durante los 4 -cuatro- años de gobierno de Cambiemos, el precio que más se incrementó fue el de la energía eléctrica que lo hizo en un 764,9% por encima de la inflación que fue de 664% y de la devaluación oficial de nuestra moneda que fue de 679%, el dólar del banco de la Nación Argentina pasó de valer $ 9,20 a $ 62,5 en el período.

Tarifazo

El Sub secretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, había presentado un plan de segmentación para ajustar la tarifa de la luz que el ministro Martín Guzmán no había aprobado. Dicho plan dice textualmente: "asegurar que los futuros incrementos nominales de las tarifas eléctricas no repercutan en forma desfavorable sobre los sectores más vulnerables de la población y aquellos que más se han visto afectados por la crisis económica generada por el macrismo y la pandemia".

Para ello es indispensable identificar a los usuarios con capacidad de pagar el costo pleno de la energía, para proceder a la quita de subsidios y liberar recursos para sostener el apoyo a los usuarios que lo necesitan, invertir en obras eléctricas y/o redireccionar el gasto público.

El primer paso en esta dirección se tomó en marzo 2021 a partir de la Resolución N° 204 de la Secretaría de Energía de la Nación que definía quitar el 100% de los subsidios al precio de la energía para los usuarios de Gran Demanda (GUDI) a partir de abril de 2021. De acuerdo al documento, se diseñó un esquema de quita de subsidios a los usuarios residenciales de altos ingresos a partir de dos líneas de trabajo: la segmentación por polígonos geográficos y por nivel de ingresos/patrimonio.

Para recabar la información se deben consultar a distintos organismos públicos (AFIP; Ministerio de Economía, a las provincias, etc.) Incluso se podía determinar aquellos usuarios que consuman menos de 300 kw por mes.

Finalmente en el Boletín Oficial, por Resolución 106 y 107/2021 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con fecha 30 de abril 2021 y con la firma de su interventora Dra. María Soledad Manin, se resolvió un incremento para el corriente año del 9% de la tarifa promedio de los usuarios de EDENOR y EDESUR, que regirá a partir del 1º de mayo 2021.

En el ínterin hubo una fuerte discusión entre el Ministro de Economía Martín Guzmán y el Subsecretario Federico Basualdo, porque el primero pretendía concederles a las empresas de la energía eléctrica un aumento en las tarifas del orden del 30%, al solo efecto de asegurar el margen de ganancia de esas empresas y que el subsidio sea el programado en el presupuesto o menos y no más, como la proyecciones actuales indican.

El Ministro en su afán de cerrar los números para cumplir con lo acordado al menos de palabra con el FMI, de reducir el gasto público y el déficit fiscal, hace que no trepide en la reducción del 10,9% del gasto en salarios, del 6,2% en jubilaciones y pensiones contributivas, y del 17,3% en pensiones no contributivas del presupuesto nacional del primer trimestre 2021, sin contemplar que a marzo de 2021 con 6.566.509 jubilados y pensionados, el haber medio mensual de esos beneficiarios previsionales es de solo $32.200 -cuando el mismo INDEC reconoce que para no ser pobre la canasta básica total para una persona es de $19.700- pero si en ese hogar viven tres integrantes es de $48.463 mensuales.

Finalmente, como dice el Director y representante del Cono Sur del FMI, el abogado argentino, Sergio Chodos: “Hay que comenzar por entender que el Fondo son los países que tienen predominancia de capital adentro del Fondo. El Fondo no es un marciano, no es otra entidad. Es un sujeto, pero al mismo tiempo es un objeto. Es una herramienta a la vez que sujeto. Entonces, tiene su línea teórica, tiene su visión, tiene sus parámetros. Pero también es una herramienta. El Fondo también es el brazo financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los países que tienen más preponderancia en el Directorio”.

 

Detrás del FMI están los EEUU y Blackrock

El ministro y el gobierno nacional deben entender que en medio de la pandemia del covid-19, con una caída del PIB del 9,9% como fue el año pasado (el mayor descenso del Producto Bruto Interno que se tenga registro), con 42% de la población bajo la línea de pobreza, se debe suspender la negociación con el FMI por una deuda que no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, que no sirvió para construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura sino para enriquecer a empresas y personas que emplearon esa deuda en divisas para la fuga de capitales, que el préstamo del FMI financió y consintió con pleno conocimiento de dicha utilización.

Tal como lo demuestra acabadamente el estudio “Formación de Activos Externos 2015-2019” que realizó el Banco Central de la República Argentina y la Oficina Anticorrupción, que en un listado que nunca fue desmentido ni por el BCRA, ni por los interesados, tiene como los dos principales fugadores de capital a Telefónica Argentina SA con 1.248, 2 millones de dólares y a Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares. En ambas empresas tiene participación accionaria Blackrock.

El gobierno no puede exigir un mayor pago a la población para garantizar los beneficios del capital que están detrás de las grandes empresas transportadoras y distribuidoras eléctricas, de las cuales Blackrock reconocen tener arte y parte.

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