Por estos días se instaló una discusión donde casi al unísono se exponen a los cortes de calle y la financiación de los movimientos sociales como un gran problema nacional. A días de un nuevo aniversario del fusilamiento de los compañeros en Puente Pueyrredón se reinstala una operación de anatemización, esta vez con mayor virulencia. El paroxismo fue la escena de Avellaneda donde la prenda de batalla terminaron siendo los Movimientos Sociales como si el problema en Argentina fueran los pobres organizados y no los ricos concentradores de riqueza.

La primera reflexión que surge a casi veinte años de los fusilamientos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y de todo lo que fueron las situaciones que acompañaron aquellos sucesos de Puente Pueyrredón es que han quedado condiciones intactas. Por un lado, la impunidad de los criminales, aunque los autores materiales permanezcan presos, sin embargo, los autores intelectuales permanecieron impunes.

Aquellos sucesos de ese 26 de junio del 2002 fueron la pulseada entre los sectores populares, por un lado, que no se subordinaban a la reconstrucción de la institucionalidad política implotada con el “Que se vayan Todos” del 20 de diciembre de 2001; y quienes encaraban ese re-ordenamiento político e institucional encabezados por Eduardo Duhalde.  

Para llegar a ese re-ordenamiento se procedió a un mega operativo militarizado de carácter represivo y que terminó con el asesinato de los compañeros. Fue una victoria pírrica en cuanto a que le costó al propio presidente de aquel entonces el aborto de su proyecto de continuidad presidencialista y el adelantamiento de elecciones. Fue de los primeros intentos serios de aniquilar a los entonces jóvenes movimientos sociales.

También entonces estaban quienes diferenciaban entre buenos y malos piqueteros, cortes justificados y cortes injustificados. También estaban los que pretendían arrogarse la representación de un universo social del que sin embargo eran una partecita chiquita. Que nos matamos entre nosotros dijeron temprano en sintonía con Clarín que fue más discreto y dijo que nos mató la crisis.

En estos días estamos asistiendo nuevamente a la estigmatización del movimiento piquetero y de toda protesta que provenga de los sectores populares. Un nuevo aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón vuelve a poner en el tapete la mirada sobre una situación en la cual después de veinte años sigue habiendo una importante y creciente masa de desocupados que no tienen resoluciones a sus problemas a partir de políticas públicas concretas de inclusión laboral, sino que han sido víctimas de la perpetuación de un subsidio a la pobreza, instalando una puja permanente entre el trabajador desocupado y el Estado. Sin una solución de fondo de parte de este último. Para ello es necesario un programa transformador profundo que obviamente debe contar con un consenso entre gobierno y las organizaciones sociales.  

La estigmatización del movimiento piquetero no solo la está instalando la derecha; hay sectores que uno podría definir del campo popular que también está operando lo mismo a partir de la impugnación de los repertorios de protestas que los movimientos ejercen. El que se molesta cuando organizaciones de desocupados, hegemonizadas por el trotskismo, cortan la avenida 9 de julio, lo que esta impugnando es el repertorio de protesta, no al actor político.

Después aparecen conspicuos personajes que tienen historia en el movimiento piquetero, algunos funcionarios y otros no, a argumentar sorprendentemente que no hay necesidad de protestar y exhiben índices macroeconómicos que niegan lo que dicen vivir los compañeros y las compañeras que encarnan las protestas, dichas afirmaciones impugnan los repertorios de protesta utilizados. Evidentemente hay amplios sectores que no estarían accediendo a ciertos niveles económicos que le garanticen la subsistencia.

La imprecación sobre los reclamos de los sectores piqueteros, ya dijimos, no viene sólo de la derecha sino de amplios sectores políticos y operadores mediáticos, abonados además por la desertificación de la política; invalidando, tal vez sin conciencia, las herramientas históricas de lucha del movimiento popular.

El hecho que un ministro del gobierno le saque un plan a un compañero, porque eventualmente tiró una piedra sin que esto esté probado, ni haya sentencia judicial y que además los lideres piqueteros afines al gobierno estén sosteniendo que el gobierno no “les otorga” planes para que hagan marchas en su contra. Todo eso encarna un peligro serio y desnuda un profundo desprecio de clase tanto de la derecha como desde sectores embanderados en el proyecto nacional que tienen un problema grave de clase y de cultura política. Si realmente se valora lo popular todo repertorio de carácter popular debe ser respetado.

Pero no puede ni debe perderse de vista que en realidad estamos asistiendo a la construcción de una narrativa justificadora de la anatemización de los movimientos sociales con el único y procaz objetivo de desarticularlos.

Más sencillo, en otro estadío de la instauración del neoliberalismo, le resultó a Menem desarmar los dispositivos más avanzados del Movimiento Popular. A poco de asumir auspició un congreso de la CGT que terminó en una ruptura que redundó en un obvio debilitamiento del Movimiento Obrero Organizado para enfrentar el saqueo que se avecinaba.

El presupuesto en planes sociales y distintas políticas englobadas en el Plan Potenciar expresan menos del 0,3% del PBI. El problema del Trabajo no se resuelve en abstracto ni con ingenierías de subsidio a las patronales (públicas o privadas), ofreciéndole mano de obra gratis financiada por planes sociales. Eso termina en represión salarial porque no sólo super-explota sectores de trabajadores desocupados subsidiados con un salario complementario, sino que desarma el poder de lucha de los trabajadores formales en su puja por el salario formal. El problema del trabajo solamente se puede resolver con soberanía.

En este esquema nacional de neo-colonización donde pocos se espantan por las sumas draconianas que se le giran puntualmente al FMI para honrar la Deuda ilegal e ilegítima, mucho menos se levanta la voz para señalar la perversa calesita de recomprar bonos más caros, elevar las tasas, aumentar la tasa de leliq y garantizar la tasa de ganancia de los bancos; en un gobierno que libera el mercado de divisas para los grupos concentrados facilitando la fuga de divisas; un gobierno que construye marcos jurídicos políticos para facilitar el saqueo la responsabilidad de la concentración y la pobreza no es de los pobres y mucho menos de los pobres organizados sino de los ricos y de los políticos que no hacen otra cosa que administrar y ceder a las demandas de estos.

Como un baile de nado sincronizado aparecen distintos sectores oficialistas proponiendo una renta fija universal  donde no haya “intermediarios”, es evidente que el problema son los “intermediarios” y no el gasto en sí. El problema son los piqueteros. Repiten bobos para disputar sus pequeños espacios de poder sin tomar dimensión del daño que están produciendo y de la funcionalidad con el establishment.

Debates televisivos, editoriales progresistas y liberales, redes sociales, ex piqueteros cuestionando a los piqueteros. Se ha llegado a discutir si un dirigente piquetero debía ir preso o no a expensas de su manifestación sobre el financiamiento de su estructura a partir de una cuota sobre cada plan potenciar, ese debate jamás se planteó a Brawn o alguno de los de ADEA, sobre los fugadores, sobre los endeudadores o sobre los persecutores a los compañeros con el lawfare. No es el reino del revés, es el síntoma más claro de derrota ideológica y colonización incluso de la política. Sin política nacional los exponentes de lo antinacional no se identifican claramente.

El caballito de batalla es el financiamiento de los movimientos donde un dirigente confiesa que toman un 2% sobre un miserable ingreso de 19 mil pesos. Nosotros no aceptamos semejante cosa, pero no perdemos de vista que, si de eso se habla, hay que señalar los fondos buitres con políticos alquilados, con periodistas asalariados, empresas que ahogan discusiones con transferencias o pauta. ¿Los gremios cómo se financian? ¿Qué distinto de un gremio es un movimiento social? ¿Y cómo se financia la política en general? Tal vez esa pregunta desnude patrones, entenados y cepos de los que no puede liberarse la política de los políticos formales. Eso no es miserable en términos económicos, es miseria moral. Pero la verdadera discusión debería ser el multimillonario saqueo de los grupos concentrados que es el que verdaderamente produce pobreza.

La gran cuestión acá, y no perdamos de vista eso, es desarmar una de las fuerzas sociales que más poder ha construido en las últimas décadas. Es desarmar una fuerza social organizada con poder para enfrentar la restauración neoliberal. Es desarmar lo popular por intereses mezquinos, por celos, para neutralizar un adversario en una interna, para debilitar lo popular organizado. Es un peligro.

Es muy probable si uno busca estadísticas que algunos movimientos sociales hayan crecido exponencialmente con el macrismo. Y lo mismo que le hayan otorgado treguas al macrismo que no se permiten otorgarle a este gobierno, eso es cierto. En este cogobierno hegemonizado por el FMI y las transnacionales exportadoras junto al capital financiero, las condiciones de la compañerada de las barriadas han ido empeorando y eso ofrece posibilidades para crecer a los movimientos sociales articulados a partir de la demanda de trabajo y alimentos.

Es un formato de democracia popular lo que se está cuestionando. Prefieren la resolución liberal de la conflictividad social, o de la lucha de clases. Prefieren que una política universalista contenga las demandas de los sectores heridos por la restauración neoliberal y con eso abrigan la ilusión de lograr “orden” en las calles. No habrá Paz sin Justicia, eso tan simple no lo entienden.

Se desasosiegan cuando el pueblo gana la calle como repertorio principal de su protesta, pero de eso se trata la democracia popular, de demandar con las herramientas a mano. Si todos tuvieran planes se organizarían para que sean de mayor monto; si fueran de mayor monto tendrían mejores condiciones para organizarse para reclamar formalización laboral; si tuvieran formalización irían por garantizar más y más derechos en un país que además está cada día recortando derechos. El conflicto no se resuelve con un dirigente preso ni desapareciendo los intermediarios. El conflicto tendrá una dinámica creciente inevitable en tanto no se vaya recomponiendo un sendero de soberanía política, independencia económica y justicia social.