2/8/2020

Política

Un intento laudable, a la espera de una reforma integral del sistema de justicia

Eduardo Tavani, abogado, politólogo y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nos deja una excelente reflexión acerca de la saludable vocación de reforma de la Justicia y los necesarios objetivos que habrán de incorporarse para asegurar una transformación real del Poder Judicial.

Autor de la nota: Eduardo Tavani

Eduardo Tavani

Publicado el 2 de Agosto de 2020


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Lo primero que hay que advertir es que hubo (no sé si aún no lo sigue habiendo en latencia) un cimborrio de jueces y fiscales que se constituyeron en el brazo ejecutor de la persecución, criminalización y encarcelamiento de opositores y dirigentes políticos y sociales durante los últimos cuatro años, haciendo centro en los tribunales federales de Cº Py.

Hoy se ventilan varias causas de espionaje ilegal, en las que se sabe hubo una estructura de inteligencia ilícita que funcionó dentro mismo de la Inteligencia del Estado Nacional, es decir de la Agencia Federal de Inteligencia, para damnificar a una multiplicidad de ciudadanos y ciudadanos, sobre las que se realizaron acciones prohibidas por la ley, motivadas en intereses facciosos de orden político.

Esas prácticas y el evidenciado avance sobre determinadas estructuras del poder judicial por parte del gobierno encabezado por el Ingeniero Mauricio Macrí y un selecto grupo de mentores y beneficiarios de las políticas de ajuste y saqueo impuestas en estos años, pusieron en alerta máxima al sistema político. La cooptación de una buena parte de la estructura judicial para alcanzar sus fines, del modo extremadamente escandaloso que se advertía, era inédita en Democracia.

No era original ni privativo de los salteadores que llegaron al gobierno nacional el 10 de diciembre de 2015. Si lo era la escala y el modo temerario y desembozado con que se concretaba. La decadencia del sistema de justicia en la Argentina tiene historia, pero en estos últimos cuatro años alcanzó el cenit prostibulario.

No es cuestión de aprovecharse de la generosidad del anfitrión que nos convidase a dar alguna opinión sobre el tema, ni de agotar al amable lector que gentil se asoma a estas líneas, sabiendo que habrá otras oportunidades y se ocuparán innumerables páginas antes de que concluya leste proyecto de reforma, en algo de lo buscado.

Por lo que trataré de ceñirme a algunas cuestiones de lo que se conoce vulgarmente como proyecto de reforma judicial, que impulsa el gobierno nacional y que fuera uno de los asuntos más preocupantes desde el inicio de la gestión del Presidente Alberto Fernández.

Lo que aparece como propuesta está orientado a atender la complejidad del fuero criminal y correccional federal, que está visto requiere algún tipo de intervención, que permita al menos sacarlo del ominoso estado en que se colocó.

No dudo de que ese es uno de los objetivos del Presidente de la Nación y de sus colaboradores. Allí donde unos jueces y fiscales actuaron a pedido, en causas judiciales muchas de ellas armadas, de trascendencia material y simbólica y de enorme peso político, que contaron con el montaje de los medios hegemónicos, cuyos intereses pasaron también por varios de los despachos magistrales del edificio de Retiro

No somos ingenuos, sabemos que esta iniciativa –muy esperada- debiera ser apenas un comienzo, ya que recrear un sistema de justicia democrático, de calidad, apegado a las normas, con profunda sentido de lo social y determinadamente autónomo, es una tarea gigantesca que exige otras empresas.

Hemos escuchado por estas horas muchas expresiones de deseo y hemos advertido mucho voluntarismo en ciertos actores consultados, pero todos sabemos que esta ha sido y es una “justicia” clasista. Una condición que le es inherente desde la fundación del Estado nación.

Esta propuesta de reforma es en sí acotada, y contempla básicamente una ampliación del número de los juzgados federales penales de la Ciudad de Buenos Aires, de fiscalías y defensorías oficiales; la transferencia de competencias a los Juzgados porteños de delitos no federales y la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial Federal.

Una preocupación que existe entre los querellantes en causas de lesa humanidad y que debería prontamente subsanarse, es que aquellos juzgados que hoy cuentan con Secretarías que se ocupan exclusivamente de esas causas, dejarían de hacerlo (art 59 del PR), con las graves consecuencias que ello acarrearía al proceso de Memoria, Verdad y Justicia..

Por lo demás, el PEN dispuso por decreto la conformación de un Consejo Consultivo, integrado por personalidades del Derecho con sólidos antecedentes, nivel profesional y académico, dependiente de la Presidencia de la Nación, aplicado a estudiar y opinar sobre las materias objeto de reforma. Sería acertado sumar también a ese Consejo, a abogadas y abogados que sin pertenecer a la Academia, ni ser parte de la judicatura, cuentan con una amplia y destacada experiencia profesional

En tanto la cerril oposición macrista y sus contornos, se manifestaron contrariadas a su estilo. Lo hicieron aún antes de conocer el proyecto. Un argumento que van a blandir es el referido a los costos de semejante ensanche. Parte del cinismo del que son portadores

Sabido es que el Poder Judicial, no es sólo el Fuero Penal o el penal Federal Aunque coincidimos con quienes afirman que allí se perfeccionó la faena de desplome del Estado de Derecho que se agudizó en estos pasados años. No obstante, hay otros Fueros que reclaman nuestra atención

Aprendimos de nuestros Maestros, y tras transitar desde hace mucho los tribunales que no alcanza con un código de fondo ni acomodando los procedimientos, aunque sin ello nada de lo aspiracional en el sentido perseguido, sería posible.

La meneada ampliación del Máximo Tribunal de la Nación, es otro capítulo de la saga. Siendo sabido que así esta Corte se muestra impotente, no sirve al pretendido y elevado objetivo de “hacer justicia”.

Entonces bien ¿habrá que aumentar el número de sus integrantes? ¿será su conformación en Salas la solución? Quien esto escribe no podría afirmarlo. Ahora, es mentiroso reconocerle a la Corte una labor que no cumple la más de las veces. Las miles de causas que se depositan en el 4º piso de Talcahuano 550, duermen el sueño de los justos. Allí procesos patrimoniales se confunden con causas en las que está en juego la libertad de una persona. La paradoja es que en eso reside su poder real, en esa atemporalidad, que debería cesar si es que queremos al menos acomodar las cosas y que la previsibilidad oriente nuestros actos como justiciables.

El llamado “Pacto de Olivos” habilitó la creación del Consejo de la Magistratura Federal, plasmado en la reforma constitucional del 94, a mi entender un mecanismo cuyo pobre servicio ha quedado evidenciado tras estos años.

No hay duda en que hay que procurar un sistema de justicia comprometido con los Derechos Humanos, profundamente Democrático, que tienda a resolver las urgencias y necesidades de esta hora, llena de desafíos e incertidumbres acerca de lo por venir. Téngase entonces por arrojado el guante.

Sin duda la situación atormentada en que se desenvuelve nuestra justicia en general y la penal en particular, siempre lenta, selectiva y muy poco sensible al sufrimiento que causa, fue una de las preocupaciones de un querido amigo y Maestro, Julio Maier: Que sea este un pequeño homenaje a su memoria, y a su lucha por un Derecho y una Justicia más humanos, para no terminar consumiéndonos en nuestras propias contradicciones.


Eduardo Tavani es abogado, politólogo, Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

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