27/3/2021

Economía

Una cuestión de justicia social

"Se podrá reducir el déficit fiscal, y no está mal que se haga, pero el camino correcto para alcanzar un balance saludable debería ser, en lo esencial, cobrándole impuestos a los que no pagan, o lo hacen mínimamente. Los sectores más ricos."

Autor de la nota: Horacio Rovelli

Horacio Rovelli

Publicado el 27 de Marzo de 2021


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Los números vienen a cuento, y las propuestas hacia al final de la nota también, de la afirmación de Martín Guzmán cuando en un intento por restarle intensidad ideológica a un debate central aseguró que “hay una tendencia a asociar la bandera de reducción de los déficits fiscales con la derecha, y eso está mal”. Una aseveración que dista de la realidad en un país que suma a una injusta distribución del ingreso un más injusto y regresivo sistema impositivo.

Ahora, cuentas claras. El déficit fiscal total de la Administración Nacional fue el año pasado de unos 2,3 billones de pesos. Representó un tercio del total de un gasto público que se incrementó fuertemente por los programas asistenciales y de salud destinados a amortiguar los efectos de la pandemia. El resultado lo financió parcialmente el BCRA por dos vías. Transfirió al Tesoro Nacional utilidades por casi 1 billón de pesos – generadas por el aumento del valor de sus reservas internacionales brutas en oro y divisas frente al peso – y, además, le entregó otros 467 mil 720 millones en concepto de Adelantos Transitorios.

La diferencia entre el gasto total y las asistencias, unos 827 mil 700 millones, los cubrió la Administración Nacional endeudándose básicamente en pesos. El gobierno planea repetir el esquema. El objetivo 2021: que el 60 por ciento del déficit lo financie el BCRA y el resto lo haga el Tesoro Nacional con la emisión de deuda, que debería ser menor a la colocada el año pasado si se cumple el objetivo es reducir el déficit fiscal total del 8 al 4,5 por ciento del PIB.

¿De dónde proviene la lectura del ministro cuando afirma que “hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha”? Se diría que de su formación teórica en Estados Unidos. Allí, los impuestos respetan la proporción entre lo recaudado por gravámenes a la riqueza (patrimoniales), lo percibido en concepto de ganancias (rentas) y lo recaudado por los impuestos al consumo y la actividad. Aproximadamente un tercio para cada división. Además, en Estados Unidos, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, surge que el quintil de mayor ingreso enfrenta una carga impositiva efectiva que duplica la del quintil de menor ingreso, presión impositiva que depende de cada estado y que, obviamente, no es igual en Nueva York que en los estados del centro-oeste del país.

La situación es muy distinta en la Argentina. Sumando las imposiciones de las provincias por Ingresos Brutos y lo que percibe el Estado nacional – IVA, Combustibles, Débito y Crédito Bancario, etc. – el total de los impuestos al consumo y a la actividad representan más del 75 por ciento del total. El Impuesto a las Ganancias no alcanza el 22 por ciento y el gravamen a la riqueza apenas supera el 3 por ciento. En un país que tiene una de las tierras más fértiles del mundo, el Inmobiliario Rural que recaudan las provincias no llega a representar 0,3 por ciento del PIB, contra el 10,5 por ciento del IVA.

Se podrá reducir el déficit fiscal, y no está mal que se haga, pero el camino correcto para alcanzar un balance saludable debería ser, en lo esencial, cobrándole impuestos a los que no pagan, o lo hacen mínimamente. Los sectores más ricos. La presión impositiva es importante para la mayor parte de la sociedad, no así para los que detentan grandes patrimonios.

La injusticia es evidente. La recaudación por Ingreso Brutos, que se traslada y paga el consumidor final, representó en la Provincia de Buenos Aires en 2020 el 72,6 por ciento de la recaudación provincial – unos 340 mil millones -, mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural sumó apenas 14 mil 131 millones – el 3 por ciento de la recaudación del distrito -. Esto en una provincia en la que 11 millones 160 mil hectáreas sobre un total de 25 millones 800 mil de tierras cultivables se distribuyen entre 2.516 establecimientos que son propiedad de 211 familias y/o sociedades, según surge del último Censo Nacional Agropecuario y el debate en el Senado bonaerense cuando se trató a principios de este año el Código Fiscal 2021.

Vale reiterarlo. Estamos hablando de las tierras más fértiles del país y una de las más productivas del mundo. El maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, y muchos otros cultivos, exhiben los mejores rendimientos por hectárea. Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario, tan claro como que no se puede disminuir el déficit sino se lo hace, principalmente, desde el lado de los ingresos.

 

El juez habilita

Es llamativo. El equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del BCRA, también conocido como déficit cuasi fiscal. Las Letras de Liquidez de la entidad, las famosas Leliq, más los pases pasivos – el dinero que los bancos le prestan al BCRA – sumaban al 4 de marzo pasado 2,8 billones de pesos. Un monto superior a los 2,6 billones de la Base Monetaria; es decir: superior al total del dinero creado y puesto en circulación hasta esa fecha. Incluso mayor que el déficit fiscal de 2,3 billones apuntados el inicio de esta nota.

Esa masa de dinero inmovilizada todos los meses devenga intereses que el BCRA paga religiosamente. En febrero pasado, unos 75 mil millones de pesos. Se trata del renglón que más se incrementó durante la actual gestión. El monto de las Leliq creció 758 mil 453 millones desde principio del año pasado a marzo último. Ascendía a esa fecha a casi 1,9 billones. Una expansión de casi el 149 por ciento, cuando la base monetaria lo hizo a un ritmo de solo el 44 por ciento en el mismo lapso.

Hoy, el crédito y la liquidez – el dinero que hay en la calle – son mínimos. Insuficientes para impulsar la actividad. Es difícil concebir que el BCRA le pague a los bancos por no prestar y alarmante que la masa monetaria inmovilizada mediante las Leliq haya tomado una magnitud inconmensurable, tan preocupante como que el nivel de esterilización sea mayor que el déficit fiscal de Tesoro Nacional. El riesgo es grave y evidente: la posibilidad de una bola de nieve imposible de pagar.

Cínicamente, los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado por la necesidad de hacer frente al drama de la pandemia, pero nada dicen del cuasi fiscal que crece sin cesar por motus proprio en el contexto de sistema financiero súper concentrado. Diez grandes entidades privadas explican la mayor parte de las Leliq y de los pases pasivos. Las mismas que compraron para sí y sus clientes la mayor parte de los 86 mil 200 millones de dólares que se fugaron con la gestión de Cambiemos, de los cuales 24 mil 760 millones lo explican apenas cien compradores, según el informe Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019 del BCRA.

Se ha dicho en ocasiones anteriores, pero vale reiterarlo. La querella que impulsa el BCRA contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y la fuga está muy bien, pero debe también extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con la práctica.

Las verdaderas y necesarias medidas

Es obvio que deben tomarse fuertes medidas en el área financiera y cambiaria para revertir la situación. Las entidades del sistema deben ser funcionales a un esquema económico que impulse el crecimiento y distribuya progresivamente el ingreso. No como hasta ahora, una herramienta para acrecentar la renta y fugar capitales. ¿Qué se puede hacer? Aquí, algunas propuestas.

(1) Anular la facultad que le otorga la Carta Orgánica al BCRA para vender a los bancos los dólares que le compra al Tesoro Nacional y que este consigue por la vía del endeudamiento en divisas para pagar en pesos los gastos de la Administración Nacional. Se trata, en definitiva, de prohibir que la entidad transfiera las divisas generadas por la deuda pública a los bancos. Una forma de impedir la fuga de capitales.

(2) Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. La principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito y a agilizar las transacciones económicas en procura de estimular la demanda. Para lograrlo se les debería exigir mantener una relación del 5 por ciento entre el capital y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De ese modo, las entidades aumentarían su capital si el volumen de las operaciones lo justifica. La medida fomentaría la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo y facilitaría las instalaciones de nuevas entidades financieras.

(3) Fortalecer el rol de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. La Superintendencia debería conformar una mesa de coordinación institucional con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Unidad de Investigaciones Financieras. De esta forma se podrían intensificar las ruedas de monitoreo, los cruces de información, la fiscalización en oficinas de negocios y la formulación de denuncias penales. Permitiría un mayor control de los mercados paralelos y, a la vez, facilitaría identificar los canales que vinculan el sistema formal con los diferentes circuitos informales o clandestinos.

(4) Es imprescindible restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “subversión económica”. El artículo, básicamente, preveía sanciones privativas de la libertad y multas para los comportamientos que afectaban el patrimonio o los bienes de capital de una empresa. Incluso, se debería considerar como un agravante cuando esas acciones produjeran desabastecimiento de bienes o servicios de uso masivo, estafas, o bien llevaran al cierre, liquidación o quiebra de empresas, más todavía si ocasionaran un perjuicio para la economía nacional.

(5) Modificar la Ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de “interés público nacional”. Si bien se preservaría el carácter privado de los bancos y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, los obligaría a aceptar la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal. La justificación es obvia: administran el ahorro del público y los fondos que captan se deben orientar a financiar la producción y el trabajo, no a las actividades especulativas.

(6) También es indispensable aumentar la liquidez para que se dirija directamente a los sectores de menores recursos, principalmente a los exbeneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y a los trabajadores que perciben remuneraciones por debajo del promedio, tanto en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas como en el estado. Para ello, el profesor Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, propone transformar el stock de Leliq en otro activo remunerado, pero a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio. De esta forma se podría ir liberando en cuotas la tenencia a una tasa regulada o administrada por el BCRA. El enorme stock de Leliq se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito para la producción y el trabajo.

(7) Anular el Decreto 893/2017 y restablecer el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria que impedía la compra de dólares de las reservas del BCRA. Las decisiones de venta deberían ser tomadas en forma conjunta por las máximas autoridades del BCRA, la AFIP y el Ministerio de Producción, cartera de la que depende el área de comercio exterior.

En pocas palabras: si no se limita el poder omnímodo de los grandes bancos privados seguiremos dependiendo de ellos y, en consecuencia, seguirán fugando capitales, incrementando las tasas de interés y restando el crédito y la liquidez que necesita el sistema económico para funcionar.

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