13/8/2022

Política

Villa Nahueve: El despojo en pos del “desarrollo”

A 30 kilómetros de la frontera internacional con Chile en el Norte de Neuquén, junto al río Nahueve, se encuentra el paraje Los Carrizos. Este es el epicentro de un conflicto de tierras que involucra a lxs cuatrocientos pobladores y las obras de una nueva represa multipropósito amenazan sus actividades productivas de subsistencia.

Autor de la nota: Francisco Amusategui

Francisco Amusategui

Publicado el 13 de Agosto de 2022


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Hace más de diez años comenzó el proceso de concesión, planeamiento y construcción de la represa multipropósito de Villa Nahueve. Esta represa no solo busca llevar energía y agua a los habitantes de la zona sino también poner bajo riego más de 120 hectáreas de tierra.

La familia Sepulveda, que reside en el paraje, es la directamente afectada por el proceso de construcción de la represa. Su permanencia en el lugar data desde el año 1942 y cuentan con documentos que les da derecho de “venta, arrendamiento y ocupación de lotes pastoriles” desde julio de 1949, previo a la provincialización de Neuquén.

“Nueve hermanxs Sepúlveda.”

En 1989 el gobernador Pedro Salvatori (Movimiento Popular Neuquino) creó por decreto Villa Nahueve, Comisión de Fomento que tendría bajo su jurisdicción los 3 parajes vecinos: Los Carrizos, Bella Vista y Cayanta

Alrededor del año 2009, cuando empezaron las proyecciones de la represa sobre el río Nahueve, se planeó la construcción del puente que une la ruta provincial 43 y el paraje los carrizos. El puente se concretó en el año 2012.

Hasta ese momento, el único lote de la familia Sepúlveda fue subdividido en dos por la ruta: uno de ellos en la vera del río y el otro que está “arriba” de la ruta sobre la ladera del cerro, sin acceso al río.

A partir de estas proyecciones de inversiones comenzaron los conflictos con pobladores antiguos que vieron afectadas sus tierras, sobre todo con quienes cuestionaban el proyecto y se preocupaban por el impacto en la vida económica y social de la zona.

Con la disposición 150/10 de la Subsecretaría de tierras de la Provincia del Neuquén emitida en el año 2010, que consideraba un pedido realizado por la comisión de fomento, se otorgó “la tierra fiscal provincial individualizada como lote 32” (el lote en la vera del río perteneciente a la familia Sepúlveda), del paraje Los Carrizos a dicha comisión.

Desde el comisionado de fomento local, agentes públicos tomaron por asalto 46 hectáreas ubicadas sobre la costa del río cuando los Sepúlveda estaban alambrando un borde del predio cercano al acceso al único puente del lugar. Lotearon, adjudicaron, impusieron límites internos, dañaron obras y bienes familiares. El loteo “social” que llevó adelante la comisión de fomento, fue realizado con total irregularidad, vendiendo a precios ínfimos las tierras a un listado de “adjudicatarios”. Muchas de estas personas beneficiarias, eran o habían sido funcionarios del gobierno provincial y local, así como directores de empresas estatales neuquinas. 

Listas públicas de “adjudicatarios” donde se encuentran funcionarios y personas allegadas al Movimiento Popular Neuquino.

Aparte de las obras que los adjudicatarios de los lotes irregulares realizaron en el loteo, cercando la zona productiva de la familia Sepúlveda, la comisión de fomento también inició la construcción de cuatro casas en las tierras en conflicto, muy cercanas al río. Al mismo tiempo, el proyecto de la represa Multipropósito Nahueve avanzaba en la legislatura de Neuquén, aprobando los créditos necesarios para la construcción; distanciado de los conflictos locales y desde el centralismo neuquino.

A partir de la publicación de los listados de adjudicatarios del “loteo social” en ese lugar paradisíaco, algunos actores relacionados con conflictos internos dentro del partido gobernante denunciaron y mediatizaron la situación. El conflicto escaló a niveles de escándalo, corrupción política y judicial. Para poner fin a la condena social que ponía a funcionarios y al gobierno neuquino en el centro del conflicto, el gobernador Omar Gutierrez firmó un decreto (1391/16) donde ordenó escriturar las tierras en favor de la familia Sepúlveda. La escrituración a favor de la familia, ordenada por el gobernador, no se efectivizó y en el año 2018 el gobernador emitió un nuevo decreto que pondría nuevamente en vigencia el de 2016.

A partir de esta fecha comenzó una serie de hostigamientos a la familia, puntualmente a los dos hermanos que viven ahí: Hector Baldemar y Juan Antonio, este último alrededor del año 2014 y sin lugar donde vivir, se instaló con su hermano Héctor en el puesto a apoyarlo en las tareas de cría, cultivo y apicultura. Juan Antonio terminó la construcción de una de las viviendas que había iniciado la comisión de fomento durante el loteo irregular.

Paralelamente se organizó una resistencia a la construcción de la represa vertebrada por la asamblea ambiental del norte neuquino. Muchos de los miembros de los grupos ecologistas viven en lugares cercanos como Las Ovejas, Chos Malal, Andacollo.

En el año 2020, la asamblea ambiental organizó una actividad con cartelería exponiendo los motivos por los cuales no acuerdan con la construcción. Pidieron permiso a Hector Baldemar Sepúlveda para realizar actividad dentro del lote 32 (lote en conflicto).

El entonces abogado de Maria Teodora Sepulveda (una de las hermanas) presentó una denuncia por usurpación a la propiedad familiar. La justicia actuó rápidamente (no poniendo en duda que el lote pertenece a la familia) y ordenó un desalojo violento a los ambientalistas que estaban con carteles en el lugar autorizado por Héctor Baldemar. Los ambientalistas imputados fueron sobreseídos gracias al testimonio de María Teodora en la audiencia, en la que aclara que fue “embaucada” por su entonces abogado.

El 15 de julio de 2021, a partir de la orden del presidente de la comisión de fomento Carlos Burgos, unas 20 personas cercanas a este, ingresaron a la vivienda de Juan Antonio Sepulveda de 71 años, sacándolo violentamente de la casa. Con máquinas de la comisión de fomento sacaron herramientas de trabajo y bienes de Sepúlveda, rompiendo todo a su paso y sin orden judicial.

Mariano Sepúlveda, sobrino de Juan Antonio, contó en FM Pocahullo de San Martín de los Andes, que los empleados del titular de la Comisión de Fomento llegaron con máquinas, tiraron y rompieron el alambrado que marca el límite del terreno y golpearon a su tío.

“Vinieron a horas de la mañana junto a personal de la municipalidad y tiraron el alambrado con máquinas en forma violenta. No se habló nada. Se metieron de prepo. A mi tío lo agarraron, empujaron y golpearon y empezaron a sacar cosas, a tirar, romper”, relató.

Mariano contó que, en el momento del desalojo, Juan Antonio se encontraba solo en la casa. Cuando llegó con uno de sus hermanos, los enviados de Burgos “estaban cargando todo en la pala de máquina. [...] Fuimos, filmamos y le preguntamos qué estaban haciendo, quién los mandaba y bajo qué orden. La gente de la municipalidad nos dijo ‘somos mandados por Carlos Burgos’”, aseguró. Durante los días siguientes al desalojo, la familia presentó dos denuncias por usurpación que no fueron respondidas por la fiscalía.

“Pertenencias de la familia Sepúlveda luego del desalojo ilegal.”

El pasado 3 de agosto de 2022, la diputada Soledad Salaburu del Frente de Todxs recibió a integrantes de la familia Sepúlveda en la legislatura de Neuquén. La familia participó de una rueda de prensa y expuso su malestar. Aclararon, además, que no están en contra del desarrollo de las inversiones en el norte neuquino, pero sí apelan a que los beneficios de estas inversiones lleguen a toda la población de la zona.

“Familia Sepúlveda en la rueda de prensa en la legislatura de Neuquén. Foto: LMNeuquén.”

Hoy en día, el lote 32 que costea el río está siendo utilizado como depósito de fierros por la empresa encargada de construir la represa. La familia Sepúlveda decidió retirarse de las mesas de diálogo debido a una demanda que se les efectuó en plena mediación. Declaró la familia en una nota recopilatoria:

“Por tal situación entendimos que no teníamos mismas intenciones de resolver las cuestiones en términos de buen diálogo. Y nos retiramos de la mediación, a espera de una resolución judicial que sea justa y sin preferencias por cargo político o beneficios unipersonales. Con nota de solicitud de fecha 22 setiembre 2021 presentada en fiscalía Chos Malal.”

“El lote 32 es utilizado actualmente como depósito de fierros que utiliza la empresa constructora.”

Este conflicto tiene el mismo origen que muchos otros de la provincia del Neuquén. Las inversiones (asfalto, energía, obra pública) llegan a una zona anteriormente alejada de las ciudades, la tierra se valoriza y llegan los especuladores inmobiliarios. Un indicador claro de este fenómeno es cómo el lote con acceso al río usurpado a la familia Sepúlveda fue repartido entre unas pocas manos de personas cercanas al gobierno del Movimiento Popular Neuquino. La instigación a la violencia fue efectuada por agentes del Estado, es importante recalcar eso. Solo con un llamado al diálogo, reconociendo derechos se puede avanzar con las inversiones y desarrollo que son efectivamente necesarios para la provincia. Si el estado no garantiza esos derechos, las inversiones serán privilegio para pocos.