Desde que inició el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso el RIGI (Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones) ha estado en el centro de la escena. Este régimen busca beneficiar a aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, incrementando los beneficios a medida que las inversiones escalan. Para las empresas de extracción de litio esto se trata de una muy buena noticia, ya que las inversiones necesarias para llevar adelante este tipo de proyectos superan ampliamente el límite establecido por el RIGI.

Este régimen de incentivos exime de numerosas cargas impositivas a estas empresas extranjeras que vienen a extraer el mineral a Argentina, y le permite acceso a un sistema diferencial de divisas generando una situación muy beneficiosa para empresas que están exportando el litio a veinte mil dólares la tonelada, con tan sólo cuatro mil dólares de costo.

El RIGI, tal como se votó en diputados, tiene un agujero legal importante: no exige ningún tipo de estudio de impacto ambiental para entrar en vigencia. Esto presenta un serio problema para las comunidades que se encuentran en el triángulo del litio y que vienen peleando contra el impacto ambiental que estos megaemprendimientos tienen en la región.

Las comunidades del triángulo del litio: el daño colateral de la “guerra al cambio climático”

Recientemente la justicia catamarqueña tomó parte en el asunto frenando los proyectos de extracción de litio en la región de Antofagasta de la Sierra. La comunidad de la región, organizada en el espacio Atacameños del Altiplano, logró demostrar en la justicia que la extracción de litio en la zona secó por completo un río que alimentaba de agua a las comunidades.

Si bien el litio es un elemento clave en la transición a las “energías limpias”, la forma de extracción en Argentina es extremadamente dañina, justamente porque es la manera que requiere menores niveles de inversión. Así, el litio se extrae bombeando la “salmuera” (el agua de los salares que contiene litio, entre otros minerales), y dejando evaporar el agua en piletones para extraer el mineral buscado. Este proceso trae aparejado un gran riesgo de salinización de los suelos y el agua, y utiliza enormes cantidades de agua (por cada tonelada de litio se consumen alrededor de 584 mil litros de agua) en zonas áridas donde el agua escasea.

En este punto es que entra en juego el problema de eximir a las grandes empresas de presentar los estudios de impacto ambiental para recibir beneficios que se van a traducir en millones y millones de dólares yéndose al extranjero mientras las comunidades se quedan sin agua y sin ver un peso de las ganancias millonarias que la extracción del litio genera. Que el litio es un material clave que se encuentra en el corazón de la transición energética está clarísimo, pero cabe cuestionarse en nombre de quién y de qué manera este proceso se está llevando a cabo ¿Tiene sentido destruir un ecosistema en nombre de la lucha contra el calentamiento global y la transición energética? ¿Es justo que las poblaciones que habitan estos ecosistemas que son destruidos no participen de las ganancias que podrían utilizar para realizar obras de infraestructura que remedien o prevengan estos desastres? ¿Cuál es el rol del Estado frente a todo este proceso?

Para el actual gobierno nacional pareciera ser que el rol del Estado es el de garantizar la expoliación de nuestros recursos sin tener el más mínimo nivel control o cuidado, y el de desenrollar la alfombra roja para empresarios como Elon Musk que se llenan los bolsillos pintándose de verde sin preocuparse por las consecuencias de sus proyectos