Luego de casi cinco décadas de iniciado el proceso, y sin existir ningún cambio de rumbo estructural durante la democracia liberal, se consolidó una matriz económica totalmente desindustrializada, dependiente a las importaciones para consumo y al ingreso de divisas por exportaciones primarias.

Esto, sumado a desregulaciones legales que permiten el ingreso de las mal llamadas “inversiones extranjeras” y su libre fuga de capitales por giro de dividendos (potenciada actualmente por el RIGI), tiene como consecuencia una permanente y creciente insuficiencia de divisas generada adrede, para generar una obligación de seguir aumentando las exportaciones año tras año (ya aumentaron 1,500% en los últimos 40 años) y a caer en la trampa del endeudamiento externo.

Este combo de políticas anti nacionales busca eternizar el problema y anular absolutamente la soberanía; dado que, a través de ellas, los organismos internacionales condicionan y gobiernan las cuestiones fundamentales de la política local.

Así, la necesidad de exportaciones crecientes funciona como forma de extractivismo y saqueo, a fin de llevarse los bienes comunes naturales de nuestro suelo a bajo precio; y el endeudamiento y la desregulación financiera como mecanismo para asfixiar la economía nacional y no permitir posibilidad de desarrollo endógeno sin una ruptura total con el esquema dominante.

Esta es la manera en la que el capitalismo colonial, bajo el eufemismo de la “globalización”, se instaló en la Argentina provocando nada más que desigualdad, pobreza y violencia social. Globalización como término erróneo, dado que no se trató de fue un proceso de relación e intercomunicación entre los países del mundo vinculado al desarrollo económico, tecnológico, social y cultural, sino de uno que se dirigió a provocar un sometimiento político y económico, en los países subdesarrollados, para que se conserven eternamente en esa situación. Creando así, un orden estanco y autoritario de “países periféricos y centrales” cuando en realidad deberíamos llamarlos oprimidos y opresores, respectivamente. Es imperialismo y no otra cosa.

En este derrotero colonial, una de las falacias más importantes empleada en los discursos mediáticos para lograr la aceptación de las medidas económicas, es demonizar al Estado y su intervención en los sectores productivos. Sin embargo, la historia demuestra que el nacimiento de las empresas públicas se dio en paralelo al desarrollo de los Estado-Nación en todo el mundo (los mismos países que hoy promueven su no participación en los territorios que dominan) a fines de optimizar la utilización de recursos naturales, planificar el crecimiento de la producción, hasta el momento precaria, regular el comercio plagado de tráfico ilegal y violencia, ejecutar estrategias de defensa y unidad territorial; entre otras acciones fundamentales que el privado no desarrolló nunca, ni desarrollaría, por sí solo. Esto demuestra que la producción estatal nunca estuvo atada a una cuestión meramente ideológica, sino a la necesidad ineludible de utilizar esa herramienta popular como método para el desarrollo de las naciones y sus pueblos.

Los exitosos resultados de esas políticas a lo largo y ancho del globo, derribaron otro de los mitos que pesan sobre las empresas del Estado: la ineficiencia. Si es que hace falta agregar algo más en este sentido, solo hace falta decir que todo gran desarrollo tecnológico, en materia de telecomunicaciones, industria aeroespacial, medicina y demás, de los últimos siglos, inició de una inversión y actividad estatal.

Analizando la propia historia, desde 1976 hasta hoy, podemos ver las consecuencias directas de la destrucción del Estado y su participación directa en la producción y planificación de la economía nacional.

El vaciamiento, desvalorización y parálisis de la industria nacional desde el inicio del gobierno de facto, junto a una gran campaña de formación de sentido contrario a toda institución estatal; preparó el terreno para que a partir del año 1989 se iniciara un masivo y veloz proceso de privatizaciones en la Argentina bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales comandados por los Estados Unidos. Este abarcó empresas productivas y de servicios, como también instituciones de regulación, activos públicos y recursos naturales.

A su vez, el Congreso Nacional, mediante las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, allanó el camino para la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero haciendo foco en cuatro sectores estratégicos que consideraron prioritarios: Comercio, Energía, Transporte y Comunicaciones.

Desde ese momento, el capital concentrado amoldó la matriz productiva nacional a su conveniencia, transformando a la Argentina en un país dedicado a exportar materias primas e importar productos manufacturados con alto valor agregado. Así, logran el mejor resultado posible en su ecuación económica, aunque el más perjudicial para el Pueblo argentino: se llevan la riqueza de nuestro suelo a cambio de dólares, que luego utilizaremos para comprar sus productos; quedándose con la materia prima y el trabajo, al mismo tiempo que nos dejan desempleo y pobreza.

En consecuencia, con la privatización de Ferrocarriles Argentinos, los argentinos perdimos el tren que era el transporte de las cargas y de los pobres, pero detrás de él cayeron todos los talleres ferroviarios (Materfer, Forja Argentina, Tafí Viejo, Fábrica Argentina de Vagones y Silos, Aceros Potrone, Astillero Río Santiago, Talleres de Vía y Obras, Talleres de Junín, y muchos más). Con la privatización de Aerolíneas Argentinas, quebró la línea de bandera nacional y detrás de ella, cayeron los talleres y proveedores aeronáuticos (Área Material Córdoba, Taller Aeronaval Central, Taller de Reparaciones de Ezeiza, Taller de Reparaciones de Aeroparque, y muchos más). Al cerrar ELMA, desapareció la bodega argentina (estatal y privada) de nuestro comercio exterior y detrás de ella, cayeron los armadores, talleres y proveedores navales, la Flota Fluvial del Estado, las Flotas de YPF e YCF, las navieras internacionales Astramar, Del Bene, Maruba, Ciamar, los Astilleros Alianza, Sanym, Corrientes, Domecq García, Astarsa, Mestrina, etc.

Y así, las privatizaciones destruyeron la industria nacional, el trabajo, generaron dependencia económica y anularon la soberanía política en beneficio foráneo.

Por eso, es que no encontraremos crecimiento sustentable en el tiempo respetando las bases estructurales del sistema económico del capitalismo colonial. El Estado Empresario es la herramienta popular, con la fortaleza suficiente, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social.

Para reivindicarlo, en nuestra Patria, solo hace falta decir la verdad: no existió industria manufacturera en gran escala antes de la nacionalización del comercio exterior de Rosas, tampoco industria energética antes de YPF. No existió industria naval antes del ARS, ni nuclear antes de CNEA, ni siderúrgica antes de SOMISA.

Solo a modo de ejemplo, casos como YPF o la Dirección General de Fabricaciones Militares desde su creación potenciaron el surgimiento de gran cantidad de industrias estratégicas, junto a sus proveedores, creando cientos de miles de puestos de trabajo con alta capacitación técnica. En materia de desarrollo e innovación, empresas públicas como Investigación Aplicada (INVAP), Instituto Balseiro y ARSAT demostraron que el Estado empresario argentino es capaz de llegar a la más alta calidad, asumir riesgos, exportar conocimientos y desenvolverse exitosamente.

Hoy más que nunca, en un contexto de desertificación ideológica, crisis de representación política y ausencia total de proyecto alternativo al modelo colonial, debemos volver a levantar las banderas históricas que hicieron grande a nuestra Patria y militarlas colectivamente hasta llevarlas a la victoria. El Estado empresario es, sin dudas, una de ellas.