Luego del resultado que arrojaron las PASO para el oficialismo, el ministro-candidato Sergio Massa, tomó dos definiciones: la primera, conceder la devaluación del 22% de la moneda al FMI de manera que se pueda continuar la negociación por el desembolso de 7.500 millones de dólares que esperaba.

Devaluación asimétrica, planteábamos en este sitio web hace algunos días, que automáticamente pulverizó los salarios de los sectores medios-medios bajos y más desfavorecidos en el esquema de redistribución de la riqueza en nuestro país.

La segunda, el pasado domingo: el anuncio vía tuiter del Nuevo Programa de Fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso para las familias argentinas[i] que llegaría a trabajadores registrados del sector privado, del sector público, de casas particulares, monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y del programa Potenciar Trabajo. Un paquete de medidas que intentarán compensar el impacto de la devaluación que se trasladó directamente a los precios y dañó aún más el bolsillo de millones de compatriotas.

“Ahora, cuando ya los precios se dispararon anuncian el congelamiento de combustibles y medicamentos hasta comienzos de noviembre, suspensión de aumentos de las prepagas y acuerdos de precios con grandes empresas y cadenas, que solo podrán aumentar un 5% por mes. Medidas que no aseguran impacto en los comercios de cercanía”, explica el economista Julio Gambina, discutiendo la vocación compensatoria que buscaba el paquete de “medidas tardías”, agregó.

Por su parte, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) dirigido por Claudio Lozano, en este estudio recientemente presentado afirman críticamente que “no solo son una compensación insuficiente, sino que además repiten el límite lamentable que siguen teniendo las políticas de ingresos hasta ahora aplicadas. Estas medidas siguen teniendo los límites que le plantea la informalidad extendida en el mundo laboral a un Estado que sigue sin adoptar criterios de universalidad para poder abarcarla.”

En esa línea, los autores del estudio del IPYPP, también explican que además de ser montos módicos en las compensaciones, hay millones de trabajadores que inclusive quedan descubiertos. “El gobierno nunca amplió su política de ingresos con el criterio de la Universalidad. Hoy, en un momento político donde los resultados de las PASO, de mantenerse, amenazan los pisos de la convivencia social, se vuelve necesario tomar distancia de las restricciones que marca el FMI aplicando un Ingreso Básico Universal para toda la población 4 que atraviesa situaciones de precariedad en materia de ingresos, y la puesta en marcha de un Programa de Empleo Garantizado de acceso Universal para los trabajadores de la economía popular. La falta de Universalidad en las políticas agrava la regresividad de las módicas compensaciones otorgadas y le allanan el camino a las ya conocidas, salvajes e impresentables propuestas de la oposición.”

Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) también se conoció un informe elaborado en los últimos días titulado “El largo camino hasta noviembre”, donde sus autores explican que “el principal objetivo del oficialismo es llegar al final de mandato sin una explosión cambiaria. El siguiente, ganar las elecciones. A simple vista, objetivos que parecen incompatibles.” Para evitar la explosión cambiaria, se “requiere continuar con el reciente rally de compras netas en el mercado único y libre de cambios del Banco Central; evitar que los precios se disparen para que la fijación del TC mayorista en $350 pueda sostenerse y enfriar el ritmo de las exportaciones”. Paralela y contrariamente, explican que tener más chances electorales requiere “continuar por el sendero que comenzó con este paquete de medidas, tratando de recomponer ingresos, y sostener el ritmo de importaciones para que la actividad económica no continúe deteriorándose.”

Ante la complejidad del panorama que se presenta, quedan más interrogantes que certezas respecto del camino que llevará a cabo la dirigencia política en esta ventana de pocos días que se ha abierto hasta las elecciones de octubre y un eventual ballotage en noviembre.

Mientras tanto, en la calle que transitamos todos los días de a pie, se puede advertir que el reflejo inmediato social con estas medidas es el descontento. Si a eso le sumamos un gobierno incapaz de reaccionar ante las tensiones sociales latentes, la situación sigue agravándose.

Probablemente la clave para compensar efectivamente la situación y revertir el resultado electoral no aparezca en el camino de continuar disciplinando la política económica a la voluntad del FMI. Estas medidas seguramente modifiquen alguna realidad en el corto plazo, pero el problema de fondo continuará siendo el mismo.

Se trata de un pequeño parche, para una herida que supura permanentemente al estar anclados al FMI en un ciclo espiralado de endeudamiento y renegociación.

Salir del atolladero que significa hablar en nombre de un gobierno que no solo no ha cumplido con su contrato electoral, sino que ha hecho -en gran medida- lo contrario a lo que dijo que haría, es una tarea. La otra, continuar operando sobre el acto reflejo de impedir que Patricia Bullrich y Javier Milei lleguen al sillón presidencial y evitar que ese peligroso destino siga acumulando votos.