Los grupos económicos impusieron los votos necesarios para que el proyecto de ley que el gobierno finge como propio y denominó “Ley Bases” obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados.

Los votos de la clase política insultada hasta el cansancio por Javier Milei permitieron la media sanción, una postal de este tiempo de experimentos, en el que la conducción política del Estado, la planificación económica y la ofensiva contra las mayorías populares está encaminada material y políticamente por los representantes de los grupos económicos que operan en el país al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

Luego del fracaso en enero para obtener la sanción de un proyecto mucho más voluminoso que el particular, se terminó por diseñar una versión acotada a los intereses materiales y concretos con el que el poder económico pretene maximizar rentabilidad y las pretensiones geopolíticas de Estados Unidos necesita para acomodar a su planificación el conjunto de nuestros recursos estratégicos.

Un simple repaso de su contenido, exhibe en forma dramática las vulgares asimetrías que contiene el proyecto de ley, que castiga a los humildes con mas impuestos y menos garantías laborales, y favorece a multinacionales y grandes corporaciones con rentabilidad asegurada y condiciones favorables para el saqueo de nuestra riqueza.

Reforma Laboral

El capítulo laboral incluye una fuerte flexibilización a partir de la precarización al extender el período de prueba y establecer un fondo de cese laboral, reduce derechos y protecciones con la eliminación de multas por no registración y serias limitaciones en casos de despidos discriminatorios.

El proyecto promueve la tercerización autorizando la intermediación de empleadores facilitando cadenas de subcontratación; destroza el empleo público autorizando despidos indiscriminados; debilita el derecho de huelga y el financiamiento sindical.

El nuevo proyecto establece mecanismos para la legalización de prácticas que suelen encubrir relaciones laborales a través del monotributo. Se introduciría un régimen que permite a un "trabajador independiente" tener hasta cinco colaboradores sin vínculo de dependencia formal, lo que puede legalizar de facto situaciones de dependencia no reconocidas.

Energía para otro lado

“El nuevo proyecto de ley reemplaza el enfoque de abastecimiento interno por la "seguridad del suministro", un concepto que permite eludir la prioridad de la demanda interna y potencialmente suplir con importaciones el consumo interno con los consecuentes costos que ello implica para el bolsillo de los usuarios en un marco de desregulación como el presente. Se deroga la normativa que permitió la declaración de utilidad pública y su posterior expropiación del 51% del paquete accionario de YPF que estaba en manos de Repsol en 2012, que cautelaba el autoabastecimiento de hidrocarburos en la Argentina” sostiene en un reciente informe el Instituto para el Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

El capitulo energético, en efecto, piensa un desarrollo nacional de las capacidades de un país productor, pero para beneficio del extranjero. Se consolida el esquema pro exportador, se liberalizan los precios para el mercado interno, se elimann restricciones y controles previos, se incentiva la explotación intensiva y se establece una escasa participación del Estado para la regulación de un sistema escencial para la planificación industrial del país.

Invitación al saqueo

El Título sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ofrece varias ventajas impositivas, cambiarias, aduaneras y otras a los extranjeros que cumplan con mínimos requisitos de inversión.

Las multinacionales “disfrutarán de estabilidad tributaria durante 30 años desde la fecha de adhesión, lo que significa que no se les aplicarán impuestos más gravosos que los contemplados en el RIGI” señalan desde el Ipypp. Y agregan “Se garantiza la plena disponibilidad de divisas para el pago de utilidades, dividendos e intereses sin restricciones cambiarias, siempre que la inversión haya ingresado a través del Mercado Único y Libre de Cambios.”

Las empresas “pueden importar y exportar bienes relacionados con el proyecto sin enfrentar prohibiciones, restricciones cuantitativas o cualitativas, o medidas que alteren el valor de las mercancías. La eliminación de los aranceles de importación para insumos y bienes de capital que participen del proyecto productivo, al generar un abaratamiento relativo respecto a la producción local, incentiva una sustitución inversa, es decir, el desplazamiento del producto de la industria local por importaciones neutralizando uno de los escasos impactos positivos que podía tener este régimen de incentivos a las grandes empresas: la promoción de una red de proveedores locales. Peor aún, los inversores estarían autorizados a revender las maquinarias y tecnología que traigan de afuera generando un negocio adicional y desincentivando la producción local” destacan en el informe.

“A todas luces se trata de un régimen que garantiza generosas y exageradas prerrogativas, exenciones tributarias, libre disponibilidad de dólares para las inversiones tengan un monto mínimo de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). Incluso puede ser menos ya que ejecución pueden permitir que se computen como parte del cumplimiento del monto mínimo de inversión hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de dicho monto si para la viabilidad del proyecto se requieren de ciertas contrataciones o servicios esenciales” agregan.

La ola privatizadora

El proyecto, además, vuelve a la carga con el ciclo privatizador que agrava -incluso- los recuerdos de aquél decálogo menemista que se promoviera al amparo del consenso de Washington en la década del noventa y desmantalara la capacidad  del país de ingresar al siglo XXI en condiciones de estar en condiciones de desarrollarse.

De 41 empresas presentes en proyecto original se bajó a 9 mientras se distinguieron dos posibilidades: la de Privatización Directa y la de Privatización/Concesión. Dentro de las Privatizaciones figuran AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., ENERGÍA ARGENTINA S.A.; RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E., e INTERCARGO SAU; y en el conjunto de las Concesiones figuran AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A., BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E (SOFSE) y CORREDORES VIALES S.A.

No obstante son más la cantidad de firmas estatales privatizables porque en el articulado (aunque no estén en el anexo) establece que son sujetos a privatización las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y YACIMIENTOS CARBONÍFERO RIO TURBIO (YCRT) en la medida que el Estado Nacional mantenga la mayoría accionaria y/o el control de la empresa.

Eliminación de la moratoria previsional

Se anula la moratoria (derogación de la ley 27.705) y se reemplaza por una PUAM (equivalente al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado) reforzada denominada Prestación de Retiro Proporcional que toma como base la prestación básica no contributiva implementada en el gobierno de Macri adicionando porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al SIPA.

Conviene tener presente que esta decisión perjudica gravemente a las mujeres conforme a las menores posibilidades de inserción formal en el mercado de trabajo, aunque la perspectiva de ampliación de la ya extendida informalidad laboral en el marco de las reformas aquí analizadas, permiten dimensionar el alcance futuro de esta medida. Tal como se ha difundido estos días sólo una de cada diez mujeres logra acumular el requisito de los 30 años de aporte.

El proyecto que suprimer fondos para el bienestar previsional de la enorme mayoría de los que habitan nuestro suelo, consolida un blanqueo de capitales escandaloso y establece asimetrías brutales en materia de reforma impositiva. Cargando sobre las espaldas de monotributistas y asalariados que contribuyen con el IVA las exenciones que se establecen para consolidar la rentabilidad de unos pocos.

El proyecto comienza a transitar su debate en el Senado de la Nación. Mas allá de la expectativa con una clase política que repsonde a los intereses de los grupos económicos, es necesario construir una frontera al avance de la consolidación legislativa del estatuto legal del coloniaje, la fuerte movilización popular que ponga en clara dimensión el tamaño del saqueo que se propone.