Históricamente, la fruticultura se ha posicionado como la primera actividad económica del alto valle de Neuquén y Río Negro. La región cuenta con uno de los mejores climas en el mundo para el crecimiento y la producción de peras Williams y manzanas Red delicious, además de un sistema de canales de irrigación que data de hace más de un siglo.

Durante la última década, la actividad frutícola ha descendido notablemente. Según datos del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Río Negro (CPIARN), en el año 2021 existían 1.727 productores de frutas de pepita y carozo. Este valor, contrastado con los 2.599 fruticultores en actividad en 2011, marca una disminución de 872 productores, lo que implica una merma del 33% en un período de 10 años.

José García es miembro de la Primera Cooperativa Frutícola de Gral. Roca y ex presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de General Roca. García argumenta que el descenso en la actividad agrícola en general y frutícola en particular se debe a múltiples causas, una de ellas: la falta de legislación para proteger ese sector de la economía. En una entrevista para Infonativa, hizo especial énfasis en la utilización de terrenos productivos para la construcción de loteos peri-urbanos.

Según un estudio de la Universidad Nacional de Río Negro, en las últimas décadas se creó una tendencia en la que la dinámica tradicional de centro-periferia de las ciudades (donde las clases altas habitan los centros y las bajas las periferias) se rompió para dar origen a los espacios peri-urbanos, también denominados sectores urbanos de baja densidad. Este quiebre da gran valor inmobiliario a las tierras ubicadas en los márgenes de las ciudades, donde tradicionalmente se han ubicado las tierras productivas. Esto no solo genera una disminución de la cantidad de terreno dedicado al sector frutícola, sino que también implica un descenso en la calidad de infraestructura para los productores que quedan.

García explicó que el sistema de canales de riego construido en la década de 1920 pertenece a la provincia, pero está concesionado por el Consorcio de Riego de General Roca. Este se mantiene en gran parte por los pagos de los socios que utilizan los canales para llevar agua a sus terrenos. Al reducirse las tierras productivas, se reduce también la posibilidad de mantener en buen estado la infraestructura (evitar filtraciones, obstrucciones, etc).

Según el ex presidente de la cámara de productores, es necesario que se delimiten las zonas productivas y se utilicen solamente para ese fin. “En otros países la tierra sin producir es multada severamente. No te dicen qué producir, producí lo que quieras, pero que se use solo para eso”, declaró García.

Antecedentes legales

Son varias las legislaciones que protegen (o han protegido) las tierras productivas en Argentina y en el mundo. A principios de la década de los ‘90 en la provincia de Tucumán, el gobierno del interventor federal Julio César Aráoz impulsó la Ley de conservación del suelo agrícola que establecía que al adquirir alguna fracción de terreno de interés agropecuario, “el productor queda obligado a realizar en el mismo las prácticas conservacionistas que permitan aprovecharlo sin alterar su potencial productivo”, y además sancionaba la alteración de la capacidad de uso natural del suelo o su degradación. Esta ley fue actualizada en 2020 durante el gobierno de Juan Luis Manzur y agregó la declaración de interés público por las acciones de conservación de la tierra, aunque en ninguno de sus artículos se menciona la protección de la actividad económica agropecuaria, solamente la conservación de la calidad del suelo.

El caso de Brasil es uno de vanguardia ya que su Constitución Nacional se establece que la tierra es un bien de uso social y define el derecho al usufructo de la tierra para comunidades originarias, aunque no define específicamente la protección de la tierra para la actividad agropecuaria.

En España, específicamente Castilla-La Mancha, se realizó durante el año 2022 un anteproyecto para sancionar una ley que fomente la agricultura familiar y a los pequeños productores que buscaba reconocer la figura de “la Explotación Familiar Agraria individual o de base asociativa, la definición de Zonas que gozarán de Protección Agraria, la creación de un Fondo de Tierras Disponibles en Castilla-La Mancha, entre otras medidas”.

Durante el año pasado, se realizó una declaración de interés en la Legislatura de la provincia de Neuquén que estableció en la sección de fundamentos la importancia de la protección de los suelos productivos y los espacios verdes. Dicho documento plantea la importancia no solo económica y social de las tierras productivas, sino también en clave urbanística, cultural, ambiental.

Según García, el sector frutícola es uno que requiere de “mucha mano de obra compulsiva”, es decir, que genera trabajo de forma constante y a lo largo de todo el año. “No hay control de nada, no hay gobierno” declaró el productor. “La gente está desahuciada”, agregó. Mencionó que los productores de edad avanzada (que según el CPIARN componen el 53% del total), al no tener rentabilidad en el negocio frutícola, deciden vender sus terrenos a grandes empresas, petroleras o agentes inmobiliarios.

Los aumentos de los últimos dos meses impactaron al sector frutícola como a todas las áreas de la economía. La suba de precios de combustibles y de bienes de consumo básicos aumentaron los costos de producción y golpearon a los pequeños productores. Específicamente a los que deben entregar la fruta a empresas para poder empaquetarla y distribuirla. Además, la inflación alta le quita posibilidad de proyección y de renovación de equipos. Según García, la mayoría de los productores cuenta con modelos de tractores que datan de las décadas de los ‘80 y ‘90.

Sin políticas estatales que protejan genuinamente a los productores frutícolas y que eviten que sus tierras originalmente destinadas a la siembra se conviertan en bienes especulativos del mercado inmobiliario, lo que en algún momento fue el motor de la economía regional podría empequeñecerse de manera irreversible.