En 1976, durante la última dictadura cívico militar, comenzó la desregulación y liberación de los sectores estratégicos de la economía a manos del capital privado y extranjero. Con la destrucción del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), el Estado nacional dejó de regular sus negociaciones en el comercio exterior con el fin de incorporar a la Argentina al mercado global como productor y exportador de materias primas. Al mismo tiempo, con la aplicación de la Ley de Entidades Financieras de 1977, firmada por Martinez de Hoz y Videla (aún vigente), se dejó de administrar el ahorro nacional, para orientarlo a la producción y el mercado interno, delegando esa tarea a los bancos y grupos financieros que, como no podría ser de otra manera, comenzaron a volcar todas las ganancias de lo producido, el ahorro nacional, hacia la especulación financiera.

Así, la paralización del crédito a la producción y la liberación del comercio exterior con su consecuente apertura indiscriminada de importaciones, dieron inicio a la destrucción de la industria nacional, al cierre masivo de fábricas y al aumento permanente de los índices de desocupación y pobreza.

Más tarde, durante la neoliberal década del 90, se profundizó el mismo modelo instalado por la dictadura militar que, mediante la profundización de privatizaciones, anularon toda capacidad del Estado de intervenir en las cuestiones fundamentales de la economía nacional. Como parte de este proceso, se desreguló la reserva de cargas nacional y el mercado de fletes marítimos, destruyendo por completo la flota mercante nacional (que supo ser la quinta flota más grande del mundo hasta 1976) y otorgando la llave logística por excelencia, que significa el flete marítimo, a un puñado de transnacionales del comercio exterior.

Como si fuera poco, y con el fin de perfeccionar la extranjerización de la economía nacional, se promueve el ingreso masivo de capitales foráneos mediante la promulgación de la Ley de Inversiones Extranjeras (1993) que permite el libre giro de dividendos (ganancias) sobre lo obtenido producto de la inversión inicial a sus casas matrices. Entonces, por ejemplo, si Ford hace una inversión de capital de mil millones de dólares en la Argentina, se le permite por ley llevarse todas las ganancias a los Estados Unidos (casa matriz). De esta manera se legalizó la fuga de capitales en la Argentina; causa principal de la permanente insuficiencia de divisas en reservas del Banco Central. En promedio, por cada millón de dólares que ingresan al país se van seis.

En el siglo XXI, específicamente hasta el año 2015, y más allá de que se llevaron adelante fuertes medidas redistributivas y políticas de fortalecimiento del mercado interno que mejoraron sustancialmente la vida de gran parte del pueblo argentino, no fueron derogadas ninguna de esas medidas de fondo, ni modificadas sus consecuencias: El comercio exterior continuó en manos de un puñado de transnacionales, se mantuvieron vigentes la ley de Entidades Financieras de la dictadura y la Ley de Inversiones Extranjeras menemista, no se recuperó el necesario rol protagónico del Estado en la producción nacional y no se transformó la matriz productiva netamente agroexportadora y dependiente.

Luego, con el retorno del neoliberalismo salvaje, en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández (2015/2023), mediante una brutal estafa (deuda) con el Fondo Monetario Internacional, contraída por el primer presidente y convalidada por el segundo, vemos nuevamente como se profundizan los mecanismos de saqueo y de reprimarización de la economía nacional mediante la política orientada a recaudar dólares a través del aumento de las exportaciones a como dé lugar.

La continuidad de esta política de Estado (porque comenzó en 1976 y lleva más de 46 años con breves interrupciones) no es otra cosa que la consolidación de un modelo de Argentina colonial, dependiente, que conlleva un proceso de dolarización como parte fundamental y necesaria.

Para que se entienda mejor, desde que la Argentina desreguló y extranjerizó su economía, todos los precios de la producción nacional están atados al valor del dólar y es por eso que nos encontramos, actualmente, inmersos en un proceso de dolarización.

Con la apertura indiscriminada de importaciones, hoy el 90% de los bienes y servicios que consumimos (excluyendo alimentos) son, o contienen parte de, importaciones que ingresan con precio dólar y esto se traslada directamente al precio interno. En cuanto a los productos de fabricación local (materias primas, energía y alimentos), con el comercio exterior liberado, son las transnacionales (COFCO, Cargill, Bunge, ADM y Dreyfus) las que compran y acopian más del 75% de la producción total. Estas tienen como objetivo principal la exportación y valúan los productos a precio internacional. Por lo tanto, y por la nula intervención del Estado, también aquellos productos dirigidos al mercado interno van a precio dólar.

Este es el motivo por el cual estas grandes empresas del comercio exterior presionan sobre el peso argentino, mediante el sistema financiero, forzando devaluaciones permanentes: buscan obtener la mayor cantidad de pesos posible por dólar exportado.

En definitiva, lo que se busca con una dolarización total (cambiar directamente la moneda) es definir esa puja, por el tipo de cambio, a favor de los intereses de esas cinco grandes corporaciones extranjeras. Cobrarían directamente en dólares. Ellas, y los grandes fondos de inversión asociados del sistema financiero, serían los únicos beneficiados reales de una dolarización total.

Por otra parte, para el conjunto del pueblo argentino significaría una catástrofe con dos principales efectos inmediatos.

En principio, la conversión a valores actuales determinada por la cantidad de pesos emitidos dividido por la cantidad de dólares en reservas, menos un aforo mínimo, daría un tipo de cambio de $ 750 por dólar y se le proyectamos un año de emisión monetaria, por intereses de pasivos monetarios ya pactados, se iría a $ 1,432 por dólar. Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida instantánea de, como mínimo, el 75% del poder adquisitivo del salario actual ya que los precios del mercado interno se encuentran valuados a un promedio de $ 300 por dólar. El salario mínimo vital y móvil significaría unos 110 USD y el salario promedio actual unos 266 USD. En consecuencia, una dolarización sumergiría a la gran mayoría de la población debajo de la línea de la indigencia porque con 100, 200, 300, ni 400 dólares por mes se puede vivir en ninguna parte del mundo.

Como segunda gran consecuencia negativa como producto de la dolarización, la política económica nacional quedaría en manos del Estado emisor de la moneda lo que redundaría en una pérdida absoluta de soberanía a manos de los Estados Unidos.

Rápidamente, todo el entramado productivo nacional entraría en competencia directa con las grandes empresas del mundo sin las ventajas comparativas que le permite un tipo de cambio regulado. En definitiva, se terminaría de destruir lo que queda de la producción nacional y provocaría un aumento brutal del desempleo en, al menos los 1,304,066 trabajadores que hoy se encuentran realizando tareas en el sector de la industria manufacturera. 

En conclusión, es tan importante remarcar lo destructiva que sería una dolarización total en la Argentina como también el hecho de que estamos en un proceso de dolarización acelerado que permite la permeabilidad de estos discursos totalmente contrarios al interés nacional.

La única salida real, para salir de este proceso de consolidación de una Argentina colonial, es volver a recuperar los resortes estratégicos de la economía nacional en manos del Estado.

Es un error fatal creer que la solución se puede encontrar en el consenso o la negociación con aquellos que nos quieren sometidos y empobrecidos a fin de maximizar sus ganancias. No existen respuestas mágicas a esta crisis económica mientras se mantenga la intención de pagar la estafa de la deuda externa del FMI, junto a la subordinación a sus condicionamientos políticos. No se encontrarán respuestas eficientes mientras no se resuelvan los problemas de fondo explicados anteriormente.

Esto es recuperar la administración del comercio exterior, hoy en manos de un puñado de transnacionales, para definir soberanamente lo que entra y sale del país, como también fijar precios internos y negociar los excedentes de producción con el mundo sin condicionamientos. A su vez, recuperar el dominio de las finanzas, y el ahorro nacional, para ponerlo al servicio de un proyecto de industrialización que corte las cadenas de la dependencia que forjó el modelo de economía primarizada y netamente exportadora vigente desde 1976 a la fecha.