Cursar a la luz de las velas

Una de las imágenes de la semana fue sin duda los estudiantes de la UBA transitando sus facultades a oscuras. La situación presupuestaria es tan grave, y el tarifazo tan brutal, que las autoridades de la UBA tomaron la decisión de entrar en “modo ahorro de energía”, y mantener a oscuras las áreas comunales como los pasillos, así como limitar el uso de ascensores y apagar las calderas. Una situación de ajuste que ya es grave en el caso de estudiantes que tienen que cursar a oscuras y subir por escaleras en facultades que -como en el caso de Medicina- pueden llegar a los 15 pisos, se vuelve dramática cuando se observa lo que sucede en los hospitales universitarios.

El Hospital de Clínicas se ha convertido en un emblema del ajuste en la UBA. Susana Dionisio, médica de 49 años, afirmó frente a las cámaras de La Vaca Tuitera que “Sentimos un dolor que no se puede narrar”, y agregó: “Los pacientes se están quedando sin comida, solidariamente entre sindicato, médicos y administrativos se ayuda, pero los insumos médicos no los podemos comprar entonces a veces faltan insumos. Se corta la luz en un hospital como este, que es un hospital escuela”.

Marcelo Melo, director del hospital, explicaba al finalizar el acto realizado esta semana en la puerta del Clínicas que si bien la inflación fue del 270%, la inflación de medicamentos fue del 1000% y ese es el porcentaje en que se multiplicaron sus gastos de insumos. En este momento el Hospital de Clínicas ha reducido sus servicios lo cual no sólo perjudica a los pacientes de alta y baja complejidad que no pueden atenderse como normalmente lo harían, los estudiantes y pasantes tampoco pueden continuar sus estudios al no brindarse atención para numerosas especialidades.

Frente a la situación presupuestaria que se está viviendo, el rector de la UBA Ricardo Gelpi afirmó que la universidad se encuentra al límite de su funcionamiento, mientras que el director del CBC Felipe Vega Terra afirmó que se encuentra en peligro la cursada del segundo cuatrimestre.

La UADE, la UBA, la CGT, Gachi y Pachi todos a la marcha
La universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los rasgos identitarios de la cultura argentina. En un momento en el que lo público se encuentra bajo asedio ideológico y en muchos sectores cala la idea de que el Estado está lleno de “ñoquis” y de “casta” y que es poco eficiente, la universidad pública sigue siendo un emblema de excelencia educativa y de la posibilidad de ascenso social para las familias trabajadoras. De ella salieron todos los premios Nobel del país, y sus egresados son cotizados en todo el mundo por la calidad de su formación. Tanto es así, que la UBA se encuentra en el ranking de las 100 mejores universidades del mundo.

No es la primera vez que la universidad pública sufre este tipo de ataques. Durante la última Dictadura Cívico-Militar se intentó implementar un proyecto de achicamiento y desbaratamiento de la universidad pública (además de la brutal censura y represión vivida en las casas de estudio), en el 2001 el entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy propuso ir a un arancelamiento de la universidad sumado a un intento de ajuste brutal que puso en cuestión el funcionamiento de las universidades y llevó a tomas, huelgas y movilizaciones que fueron claves para que caiga el Ministro tan sólo quince días después de asumir.

Hoy la situación es de similar peligro, con un Presidente que lanza campañas contra la pluralidad de voces enmascaradas de campañas contra “el adoctrinamiento”, el normal funcionamiento de la universidad pública está en cuestión. Pero no es sólo la educación pública, a la marcha del 23 también se sumará una columna de estudiantes de la UADE, conocida universidad privada.

Los estudiantes denuncian que la desregulación del arancelamiento los afectó profundamente, y que muchos estudiantes que con mucho esfuerzo pagaban sus estudios hoy ya no pueden hacerlo. Mientras que antes las universidades privadas tenían un límite a la cantidad de veces y la proporción en que podían aumentar sus aranceles en el año, ahora esos límites no existen, motivo por el que las cuotas de muchos estudiantes se multiplicaron hasta en un 300%, llegando algunos a pagar cuotas de $400.000 cuando a diciembre del año pasado pagaban $85.000.

El ¿acuerdo? del Gobierno y las auditorías a las universidades

En la noche del jueves el Gobierno anunció haber llegado a un acuerdo con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para aumentar los aportes para gastos de operaciones en un 70%, sumado a un 70% que aportaría Capital Humano y una partida extraordinaria para los hospitales universitarios, y que se estaba trabajando en “mejorar el sistema de auditorías”. Desde el CIN, sin embargo, se desmintieron estas declaraciones del Gobierno.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA afirmó que no hubo un acuerdo, que lo que hubo fue una oferta informal -que además es insuficiente para cubrir las necesidades presupuestarias-. Por el momento las universidades siguen a la espera de unas partidas de fondos prometidas como parte de este “acuerdo”, que deberían haberse desembolsado pero que no llegan. Si bien la propuesta del Gobierno es un paso adelante, en caso de cumplirse con las partidas prometidas, no sólo no llega a cubrir este 140% lo que se quedó el presupuesto detrás de la inflación. Esta oferta sólo cubre gastos operativos, es decir, la masa salarial (que aún con miles de docentes trabajando ad honorem es el 90% de los gastos presupuestarios) quedaría sin cubrirse.

Asimismo, esta propuesta trae aparejado un intento por parte del Gobierno de inmiscuirse en la universidad pública por medio de auditorías. Esto no sólo va en contra de los valores establecidos por la Reforma Universitaria y la fundación misma de las universidades, también se trata de un hecho inconstitucional. Las universidades son autónomas del Poder Ejecutivo, y en todo caso es la Auditoría General de la Nación, que responde al Congreso, la que tiene potestad de llevar adelante revisiones de cualquier tipo.

Así, este supuesto acuerdo, que fue desmentido por numerosas voces del ámbito educativo, además de no resolver el problema del presupuesto trae aparejado una violación flagrante a la autonomía universitaria, que también va a ser defendida en la Marcha Federal Educativa el 23 de abril.